Tras el escándalo por el espionaje ilegal, la Armada designó al contraalmirante Luis Oscar Manino como nuevo comandante de Operaciones Navales en lugar del desplazado vicealmirante Eduardo Luis Avilés. Mientras tanto, el juez federal Jorge Pfleger, a cargo de la causa judicial por el espionaje, avanza con el análisis del material fílmico de la Base Almirante Zar y el análisis de las cinco computadoras secuestradas durante el procedimiento en la Base Naval de Puerto General Belgrano, el corazón político y militar de la fuerza. Fuera de ello, ayer la fuerza admitió que estudia la posibilidad del traslado de la Base Almirante Zar hacia la localidad santacruceña de Puerto Santa Cruz.

El centro de las denuncias por el espionaje ilegal cambiará de provincia. Así se lo confirmó a la agencia DyN el nuevo vocero de la Base Almirante Zar, capitán de fragata Roberto Ulloa. En ese mismo sentido, admitió que la apertura y los avances de la causa judicial que lleva adelante el Juzgado Federal de Rawson por supuesto espionaje “le ha dado otra dinámica al proceso de traslado”. La fuerza ha demostrado, dijo, “que ayudará en todo lo que sea necesario y que enmendará lo que se deba enmendar”. También recordó que se pusieron a disposición de la Justicia, pero enmarcó el hecho de la mudanza en un proyecto de larga data. Según Ulloa, “desde hace varios años existe un proyecto presentado por la provincia de Santa Cruz para trasladar a esa provincia la base”. Y aclaró que “el estudio está muy cerca de concluir y hay una firme intención de avanzar con esta propuesta”.

La decisión final aún no está lista. Ulloa explicó que el traslado necesita de una aprobación y de “una evaluación conjunta con el Ministerio de Defensa y con los gobernadores de la provincias involucradas”.

Los cambios en la cúpula, en tanto, son el resultado del escándalo del espionaje que se inició el viernes pasado, cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció ante el juez federal de Rawson que desde la oficina de Inteligencia de Trelew se realizaba un seguimiento ilegal sobre dirigentes de entidades sociales y funcionarios.