La jueza de instrucción Silvia López Crespo llamaría a declaración indagatoria por el delito de amenazas a tres padres de víctimas de Cromañón, Laura Bonomini, Luis Fernández y Ricardo Righi. El expediente fue enviado de la fiscalía a la magistrada y la jueza López Crespo deberá resolver además si da un paso delicado: ordenar una pericia psiquiátrica de estos tres padres. El detonante de la denuncia contra ellos fueron las palabras de Luis Fernández en Tucumán, cuando se hablaba de que Callejeros vuelva a tocar: “Pato Fontanet se expone a que le peguen un tiro en la cabeza”. En la causa judicial figuran numerosas transcripciones de amenazas, entre ellas, las realizadas en el contestador del domicilio de Fontanet y en el celular de Eduardo Vázquez, el baterista del grupo.

En forma paralela existe otra denuncia, realizada por tres camaristas penales, a quienes les dijeron “les vamos a matar a sus hijos, así saben lo que significa”. Por ahora, Callejeros decidió quedarse todo este mes en una especie de retiro espiritual, sin intentar armar un recital. El 18 de abril habrá una audiencia de importancia ante la Cámara del Crimen y la idea es esperar ver qué sucede con la apelación que presentó el abogado del grupo, Eduardo Guarna.

Por ahora, la imputación contra el grupo musical es por “estrago doloso” y los roqueros tienen alguna esperanza de que cambie la calificación a “estrago culposo”, es decir, que no tuvieron intención. Pasada la audiencia judicial, se barajan varias alternativas para el regreso. Una es la realización de un recital en Montevideo, para lo que necesitarían autorización para salir del país de la ya reintegrada jueza María Angélica Crotto.

Los integrantes de Callejeros y su abogado resolvieron avanzar en la denuncia de amenazas contra los tres padres de víctimas debido a las dificultades que se plantean para volver a actuar en la Argentina si subsisten las advertencias de esos familiares de atentar contra los músicos, lo que además implica una amenaza a la seguridad de los concurrentes a cualquier recital. El análisis que realizan cerca de Callejeros es que los dos proyectos frustrados de regreso a los escenarios, en Córdoba primero y Tucumán después, tuvieron el trasfondo decisivo de las amenazas de los padres.

“No es fácil que un gobernador se quiera arriesgar a permitir un recital del grupo si percibe que el peligro es grande. Supongamos que las cosas salen bien, los beneficios políticos para el gobernador de la provincia son escasos. Si, en cambio, alguna amenaza se concreta y se produce un incidente grave, los costos para cualquiera gobernador serían altísimos. De manera que tenemos que ocuparnos, de una vez por todas, de esas amenazas que, hoy por hoy, constituyen el principal obstáculo”, sostienen los allegados a Callejeros.

En el expediente judicial, el defensor del grupo de rock, Eduardo Guarna, presentó numerosos recortes de diarios nacionales y provinciales, entre ellos Página/12, así como copias de noticieros y programas de canales de aire y de cable en los que los padres aparecen lanzando amenazas de distinto tipo. Guarda le explicó a este diario que los recortes y tapes tienen fechas muy diferentes –diciembre en un caso, marzo en otro– con lo que se pretende demostrar que no se trata de un momento de emoción violenta, sino de un desequilibrio permanente en la conducta de los tres denunciados.

Segundo paso

El primer paso del trámite judicial ya quedó superado. La documentación se entregó en la fiscalía y allí se consideró que los elementos de prueba existentes le dan verosimilitud a la denuncia. Por lo tanto, el expediente ahora pasa a la jueza, ante quien se presentarán más pruebas. La magistrada podría incluso convocar como testigos a los periodistas que escribieron las notas o hicieron las entrevistas en las que se dispararon las amenazas.

El siguiente paso, que se daría antes de fin de mes o a principios del próximo, sería el llamado a indagatoria de los tres padres. El delito que Callejeros le imputa a Bonomini, Fernández y Righi es el de amenazas, pero podría entrar en juego una imputación más grave, la de coacción agravada. Surge de un recorte en el cual se transcribe un supuesto diálogo entre Fernández y el gobernador de Tucumán, José Alperovich. Fernández le habría dicho: “Ya nos cargamos a Ibarra, tenemos a Chabán preso y si usted autoriza el recital, iremos por su cabeza”.

La decisión más delicada que tiene que tomar la jueza López Crespo es si ordena o no una pericia psiquiátrica a los tres padres. Callejeros argumenta que presentan un cuadro de desequilibrio que los hace peligrosos para ellos mismos y para terceras personas. Por ello, pide el examen psiquiátrico. Las conclusiones de una pericia de ese tipo podrían llegar a ser tratamientos obligatorios e incluso la internación en algún caso. Difícilmente se llegue a tanto, pero el expediente quedará como una espada de Damocles sobre esos padres porque se constituiría en un antecedente ante cualquier nueva amenaza o actitud violenta.

En la causa principal de Cromañón también hay una denuncia de amenazas contra dos de esos tres padres, Bonomini y Fernández. Fue hecha por los tres camaristas que están encargados de intervenir en las apelaciones: Gustavo Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello. En una audiencia, Bonomini y Fernández se despacharon con una amenaza furibunda: “Les vamos a tener que matar a sus hijos para que sepan lo que significa”. Los camaristas les exigieron a esos padres que se retiraran de la audiencia y labraron un acta que fue incorporada al expediente Cromañón. También Aníbal Ibarra denunció amenazas contra sus hijos en forma reiterada y la pareja del ex jefe de Gobierno, la periodista Muriel Balbi, relató que incluso llamaron a su madre, en Córdoba, para advertirle que la atacarían “su hija la va pasar muy mal”.