Estos son los próximos pasos de la causa Cromañón.

1 La Cámara del Crimen debe resolver la situación del funcionario de más alto rango procesado hasta ahora: Juan Carlos López, ex secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Cámara ya desvinculó a los demás funcionarios de delitos relacionados con las muertes producidas en Cromañón. Los magistrados consideran que no se pueden diluir las responsabilidades y que las muertes –el delito es estrago doloso– fueron producto de que Omar Chabán permitió que ingrese más gente de la admitida, que tenía la puerta clave cerrada con candado, que las otras tampoco estaban abiertas como correspondía y que, centralmente, hubo tres incendios previos y el empresario no hizo nada por evitar el que a la postre terminó con las casi 200 muertes. La otra responsabilidad –según los jueces– se la atribuyen al grupo Callejeros que habría incentivado el uso de bengalas y que co-organizaba el recital. Es muy probable que los tres camaristas –Gustavo Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello– mantengan su línea de pensamiento y sostengan que López no tuvo responsabilidad en lo sucedido, más todavía porque la Secretaría de Seguridad estaba más orientada a los problemas de criminalidad que a los de funcionamiento de establecimientos públicos. Hasta ahora los camaristas sólo procesaron a los encargados de inspecciones, entre ellos a la responsable del área, Fabiana Fizbin, pero no adjudicándoles las muertes sino el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

2 ¿Será citado a declarar como sospechoso el ex jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra? Parece difícil. La decisión está en manos de la jueza María Angélica Crotto, quien ya se hizo cargo otra vez del expediente, después de una larga licencia por enfermedad. La lógica indica que Crotto esperará la decisión de los camaristas respecto de López y luego resolverá. Pero si los jueces de la Cámara desvinculan a López, que en el organigrama del Gobierno de la Ciudad estaba más cerca de la cuestión Cromañón, la lógica indica que todavía menos responsabilidad tendría alguien que está por arriba. En términos penales se considera que un presidente, por ejemplo, no es responsable por todo lo que sucede en un país, sino que es el funcionario que está directamente encargado del tema. Otra cosa distinta es la responsabilidad política. De todas maneras, Crotto tiene facultades para llamar a declaración indagatorio a Ibarra, tal como se lo pidió el fiscal Juan Manuel Sansone.

3 Los camaristas tienen que resolver la situación de los integrantes de Callejeros. El abogado del grupo, Eduardo Guarna, apeló la decisión del juez Julio Lucini de calificar la responsabilidad de los músicos con un delito muy grave, estrago doloso, que en términos concretos significa haber producido un incendio. La idea es que hubo conatos de incendio anteriores y que los músicos, al igual que Chabán, no hicieron nada para impedir el incendio que terminó en tragedia. El letrado aspira a que los jueces consideren que el delito no fue doloso, sino culposo, es decir que se encuadre en un accidente. Es muy difícil que los camaristas cambien la calificación. Lo más probable es que digan que eso se debe resolver en el juicio oral, porque hoy en día los músicos están en libertad y el cambio de calificación no produce ningún cambio sustancial en la situación concreta del grupo. Distinto sería si estuvieran presos: en ese caso sí se justificaría –dicen en Tribunales– que los camaristas traten el tema porque lo que está en juego es la libertad de los imputados.

4 Los integrantes de la Cámara del Crimen tienen que resolver la situación de los jefes de bomberos de la Policía Federal que tuvieron relación con el caso Cromañón. Esos efectivos están acusados de cobrar dinero a través de consultoras que intermediaban para otorgar o denegarlos certificados de bomberos. Es muy probable que los camaristas confirmen las acusaciones contra los bomberos.

5 En las próximas semanas podría terminarse una pericia clave sobre el local de Cromañón. Esa pericia, hecha por profesionales de la Facultad de Arquitectura de la UBA, demostraría que los planos presentados para conseguir la habilitación del local fueron falsificados y que, por lo tanto, todo el trámite fue trucho, porque las instalaciones tenían más metros cuadrados que los que aparecen en los planos y hubo una maniobra con las medidas de las puertas, que tampoco figuraban en los planos con el metraje real. Ello pondrá la lupa en los empresarios que son dueños del local, una sociedad uruguaya denominada Lagartos SA y una pareja de hermanos de apellido Levi, al igual que los integrantes de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastros en 1998, en tiempos de la administración de Fernando de la Rúa, cuando se produjo la habilitación del local. La lógica indica que se los termine imputando de cohecho –coimas– porque de otra manera no se puede explicar cómo consiguieron la habilitación. De todas maneras, tampoco se los acusará por las muertes, ya que –como lo señalaron los camaristas– la clave estuvo en la cantidad de gente, los candados en las puertas y la media sombra que emitió gases tóxicos.

6 El gran interrogante es cuándo será elevada a juicio la causa Cromañón. No hay demasiados pasos pendientes después de la pericia sobre el local, pero las apelaciones tienden a demorar las cosas. Lo más factible es que el juicio por las 194 muertes se realice el año próximo, en 2007, pero hay muchas defensas y varios querellantes lo que produce complicaciones y demoras.