En el PAMI tienen preparada una medida resonante: que todos los mayores de 65 años tengan acceso a los servicios de la obra social, sin importar que hayan realizado o no aportes durante los años de vida laboral. El requisito básico de afiliación será la edad, en principio uniforme para mujeres y hombres. El objetivo de la cobertura universal va en sentido opuesto a la lógica exclusiva de las políticas previsionales y laborales del menemismo. La iniciativa es, también, una respuesta obligada a las consecuencias nocivas de aquel camino. En la actualidad hay 982.000 personas sin derecho a los servicios del PAMI que pasarían a estar automáticamente incluidos.

La propuesta se pondría en marcha en octubre. En el organismo explicaron a Página/12 que precisan ese plazo para ajustar cuestiones operativas básicas. Pasar de 3,5 millones de afiliados a casi 4,5 millones requiere de un trabajo arduo. Se necesita asegurar que la estructura de atención médica estará en condiciones de responder a la mayor demanda. Ya hoy existen cuellos de botella en la entrega de prótesis, audífonos y en operaciones de cataratas, entre otros, motivados en que el PAMI empezó a dar respuesta a pedidos postergados por años. El boca a boca, a su vez, multiplica las solicitudes.

El presupuesto de la obra social es de 4600 millones de pesos. Ampliar la cobertura “a todos los mayores de 65 años que no tengan otra asistencia social por sí o por terceros” demandará unos 400 millones de pesos adicionales. El dinero saldrá de Rentas Generales. Además de la edad, se exigirá a los nuevos afiliados que demuestren su residencia en el país durante los últimos quince años. “Vamos a crear un sistema universal de salud para la tercera edad”, se entusiasman en el PAMI. Sus autoridades se inclinaron por fijar la edad de ingreso en 65 años –tanto para mujeres como para hombres– y no en 70, como también se analizó en algún momento. El número de beneficiarios potenciales se amplió de ese modo a 982.000, en lugar de 540.000. La mayoría de ellos se atiende en hospitales públicos, en condiciones generalmente muy desfavorables en comparación con los servicios que brinda el PAMI.

Actualmente, para ingresar a la obra social se necesita el carnet de jubilado. Desde la reforma previsional de los ’90, eso implica que una persona debe acumular 30 años de aportes y otros 30 años de servicios. Antes de aquella ley, el primero de los requisitos se reducía a 15 años. El resultado del cambio fue que cada vez más gente empezó a quedar al margen de la jubilación. La flexibilización laboral, el trabajo en negro (del 46 por ciento de la fuerza ocupada) y la creciente desocupación completan el cuadro que explica ese proceso de exclusión. Con el paso del tiempo, el problema se fue agigantando. En la Anses señalan que si no se hubiera hecho nada, en menos de veinte años, en 2025, uno de cada dos mayores de 65 años no se podría jubilar. El número exacto es en realidad más dramático: el 54 por ciento.

Frente a esta realidad, desde 2004 empezaron a darse algunas reacciones. La primera fue la aprobación de una ley impulsada por el ARI que permite que aquellas personas que cumplen con el requisito de la edad pero no completaron los 30 años de aportes puedan jubilarse de todos modos. Para ello, deben anotarse en una moratoria y saldar la deuda en un plazo máximo de 60 meses. La misma norma salva la situación inversa: la de quienes hicieron los aportes pero todavía no llegaron a la edad de jubilarse y están sin ingresos porque perdieron el trabajo y no consiguen otro. En algo más de un año ya se inscribieron 240.000 personas. La norma vence el 31 de diciembre, pero el Gobierno tiene la opción de prorrogarla por otros dos años.

La Anses, a su vez, acaba de habilitar otra moratoria que se complementa con la anterior, pero en este caso para permitir el pago de deudas por aportes no realizados antes de 1993. Este régimen no tiene fecha de vencimiento. Las medidas tienden a que el Estado se haga cargo de lasconsecuencias de la privatización del régimen previsional. Supuestamente, la creación de las AFJP libraría al sector público de fuertes erogaciones en jubilaciones. En la práctica, las administradoras se quedaron con los aportantes de ingresos medios y altos, a los que pagarán jubilaciones, y el resto deberá ser atendido por el Estado. La única diferencia con la situación original es que la Anses redujo sus ingresos.

Pero no se puede dejar a miles de personas mayores de 65 años sin jubilación ni cobertura social. El PAMI hizo la misma evaluación y decidió promover ahora mismo la universalización de sus servicios. Es una transformación estructural que reconoce la realidad. El Gobierno ya recibió variadas críticas por no avanzar con políticas sociales universales. En este caso, las autoridades de la obra social para la tercera edad recogieron el guante y elaboraron un proyecto en ese sentido.

El PAMI ambiciona, por otra parte, recuperar dinero por aportes patronales que perdió con las reformas de Domingo Cavallo en los ’90. Allí saben que no será fácil conseguirlo, por la fuerte presión que ejercerán las cámaras empresarias. Pero remarcan que lo más justo sería que los aportes vuelvan a 2 puntos de la nómina salarial, en lugar del 1,3 actual. Esos recursos servirían para apuntalar la cobertura universal. Dar asistencia a todo mayor de 65 años que no tenga otra obra social se irá haciendo más costoso a medida que pasen los años y se reduzca la proporción de aportantes. Pero esa será una discusión para otro momento.