Adelma Arguissaín es la primera mujer que llega a presidir la estratégica Comisión de Seguridad en el Senado bonaerense, desde donde “se legisla y monitorea la actividad policial y la lucha contra el delito”, según dicta su reglamento. Pero, desde hace un tiempo, dos causas penales desvelan a la senadora: una de ellas la vincula a un desactivado desarmadero de vehículos robados que funcionaba en una quinta que alquilaba su ex novio y en la que ella era la garante. La otra, es una denuncia por malversación de caudales y administración fraudulenta por la supuesta doble asignación de subsidios de la Secretaría de Transporte de la Nación a la empresa de su familia que monopoliza el transporte público en General Rodríguez, el distrito cuyo intendente es su actual pareja.

Todos en General Rodríguez conocen a Arguissaín como La Vasca, una militante “aguerrida” que trabajó afanosamente para conseguir la elección de su actual pareja, Marcelo Coronel, como intendente de ese municipio del oeste del conurbano. El premio por su exitosa labor fue un lugar en la boleta electoral del Frente por la Victoria como candidata a senadora en la primera sección electoral bonaerense. Luego de resultar electa, pasó a presidir la Comisión de Seguridad. Pero, a poco de asumir, la reactivación de una causa penal en los tribunales de Mercedes comenzó a inquietar a La Vasca.

El 9 de agosto de 2001 la policía de General Rodríguez allanó una quinta donde funcionaba un desarmadero en el que encontraron unos 30 vehículos “cortados”, cuya procedencia los flamantes inquilinos no pudieron justificar. Pocos días después, el dueño de La Herencia –el lugar allanado–, Oscar Verón, hizo público su reclamo para que la Justicia le devuelva la propiedad, cuya garantía firmó la entonces concejal electa Arguissaín para su pareja en aquel momento, Marcelo Porchetto, y un socio, Jorge Castro. Ambos vinculados a la causa judicial por el desarmadero.

Verón le confirmó al semanario local La Hoja que “Arguissaín no desconocía lo que allí sucedía”. En un detallado relato –que ahora analiza la Justicia– Verón aseguró que Arguissaín fue quien lo recibió en la quinta cuando fue a retirar “unas cosas” y que le dijo que el Renault 21 “semidesarmado” que estaba junto a una “soldadora autógena” y “varias herramientas” en el patio de la quinta era de su padre. También “evitó por todos los medios” que Verón le explicara cómo era la iluminación del fondo de la quinta que, sugestivamente, mantenían a oscuras. Tal vez con la intención de que no se viera lo que allí sucedía. También afirmó que Porchetto le dijo a una vecina que “no se preocupara por el movimiento de vehículos porque se trataba de amigos con los que hacía frecuentes fiestas y que si necesitaba algo, su novia, Arguissaín, era (entonces) jefa de Acción Social de la comuna, se lo conseguiría”.

La causa, según consta a fojas 500 del expediente, “fue encontrada en un cajón de los tribunales” mercedinos. Allí habría permanecido largo tiempo sin que nadie moviera un papel. La Vasca nunca desmintió sus vínculos con los sospechosos, aunque curiosamente tampoco estuvo relacionada en el expediente judicial. Pero la reactivación de la causa, que ahora investiga la fiscal Miriam Rodríguez –conocida por su experiencia para enfrentar “las mafias” de los desarmaderos– avanza sobre las conexiones económicas y la supuesta protección política de los sospechosos. Así volvió a incomodar políticamente a Arguissaín.

“Conozco el tema, pero no voy a hablar ahora porque estoy con mi hija”, se justificó la senadora cuando Página/12 la consultó frente a la Municipalidad de General Rodríguez. Tampoco respondió a las llamadas.

Otra denuncia judicial ante los tribunales federales de Mercedes involucra a la empresa familiar que regentean su padre, Juan Pedro Arguissaín, y su hermano, Ezequiel Arguissaín; además de a su actual pareja, el intendente Coronel, y a la Secretaría de Transporte de la Nación, por los supuestos delitos de “malversación de caudales públicos; administración fraudulenta,incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública”.

Dos dirigentes vecinalistas, Alberto Molina y Miguel Filomía, denunciaron que El Nuevo Ceibo, la única empresa de transporte automotor de pasajeros del municipio cobraría “ilegalmente” un doble subsidio de 8600 pesos mensuales que la Secretaría otorga como compensación tarifaria del Sistema de Infraestructura de Transporte. “Según el Boletín Oficial, en el distrito cobran ese subsidio dos empresas: El Nuevo Ceibo SRL y Transportes General Rodríguez SRL (TGR), que era de los mismos dueños y que ya no existe más. Es una empresa fantasma”, dijo Molina a Página/12. Con buenas relaciones con el poder local, la empresa de los Arguissaín, TGR, que tenía un permiso precario para explotar el servicio, en 2004 pasó a llamarse El Nuevo Ceibo para presentarse –según los denunciantes– a una nueva “licitación hecha a medida” que concesionaría el servicio por 20 años. Pero la interna del PJ del distrito metió la cola y los Arguissaín quedaron en veredas opuestas en medio de la pelea.

El padre (Juan Pedro) y su hijo (Ezequiel) apostaron al duhaldista Oscar Dilandro; mientras que la hija (Adelma) se encolumnó detrás de Coronel, su pareja. Todo en medio de durísimas acusaciones. Arguissaín padre dijo públicamente que “estaba cansado de poner plata para sacarla (a Adelma) de problemas” y acusó a su yerno de “ladrón”. La puja política –que se dirimió a favor de Coronel– demoró la adjudicación. Aunque rápidamente todo volvió a la normalidad: el intendente conservó la estructura del PJ y los Arguissaín, el transporte público local.

Veinte días después que la denuncia por los subsidios se hizo pública, el intendente ofreció una conferencia de prensa donde aseguró que los denunciantes “no tienen votos”, quieren “perjudicarme políticamente” y que los destruiría judicialmente. Además de respaldar los argumentos de los empresarios y familiares políticos que desmintieron la acusación.

–¿Si no hay delito, por qué tardó tanto para hacer el descargo? –le preguntaron en la conferencia de prensa al jefe comunal Marcelo Coronel.

–Yo a los chanchos los engordo para comérmelos en Navidad –respondió el intendente.