Ricardo Arédez, hijo de Luis y Olga, se presentó ante la Justicia para “pedir que rindan cuentas los golpistas de guante blanco”, porque considera que “el poder económico aún no ha dado explicaciones de su connivencia con la dictadura”. Lo hizo al comparecer como querellante en la causa que investiga el secuestro y desaparición de su padre, el médico y ex intendente de Libertador General San Martín Luis Arédez, y al solicitar la declaración indagatoria de los directivos de la empresa Ledesma, “cuya complicidad con los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy, y particularmente en Libertador General San Martín, es indiscutible”. Si prospera el pedido, el dueño del poderoso Ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, entre otros, sería convocado para un interrogatorio, en calidad de acusado.

“De chicos, cuando íbamos a la escuela y estábamos con mis padres, hemos visto la complicidad directa del poder económico poniendo móviles y empleados a disposición de los secuestros que ocurrieron luego del 24 de marzo del ’76, hemos convivido con la impunidad ahí mismo, y la actividad en el plano de los derechos humanos de mi mamá y nuestra se hizo conviviendo con eso”, describió Ricardo, uno de los cuatro hijos del matrimonio Arédez, en diálogo con Página/12. “Para pensar en un futuro hay que avanzar en este aspecto porque jamás se les pidió que rindieran cuentas, siempre fueron y siguen siendo intocables quienes utilizaron a las Fuerzas Armadas en su beneficio”, agregó.

El caso de la desaparición de Arédez –el médico que fue echado por los Blaquier por recetar remedios caros a los obreros y que cuando fue intendente intentó cobrarles impuestos– es uno de los tantos que se reactivaron tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final). Luego de dirimida una cuestión de competencia con Salta, la fiscalía federal de Jujuy avanzó sobre la base del hábeas corpus que en su momento presentó su esposa, Olga. Esa mujer reclamó por su aparición durante años, dando vueltas sola a la plaza de Libertador.

El 13 de mayo de 1977, cuando se retiraba de su trabajo en el hospital Escolástico Zegada en la localidad de Fraile Pintado, Arédez fue secuestrado por personal que habría pertenecido al Ejército. El hecho ocurrió cerca de las 12 en la ruta nacional 34, entre Libertador y Fraile. Ese era el recorrido que hacía el médico en su auto Chevrolet, que desapareció en ese momento pero que le fue entregado a Olga en Buenos Aires, en marzo de 1978. Sin embargo, Arédez ya había sido secuestrado el 24 de marzo de 1976 a las 3 de la madrugada y trasladado en una camioneta blanca “que poseía el logo de la empresa Ledesma, en un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas”, tal como describe su hijo en el escrito presentado ante la Justicia. “El vehículo era manejado por un empleado de Ledesma, que a su vez era chofer de la ambulancia del hospital, en esa época propiedad de la empresa”, agregó.

Arédez fue llevado primero al ex Concejo Deliberante, donde había otros secuestrados. Luego fue trasladado a la entonces escuela 38, al Escuadrón de Gendarmería ubicado en el Ingenio Ledesma y hacia la noche del 24 terminó en el Campo de Guerrero, donde estuvo un mes y medio. Lo llevaron al penal de Villa Gorriti donde estuvo unos cinco meses, luego a la Unidad 9 de La Plata y finalmente lo liberaron el 15 de marzo de 1977.

Arédez hijo recordó la “activa participación de la empresa Ledesma en los ‘apagones’ de julio de 1976, en el transcurso de los cuales fueron secuestrados estudiantes secundarios y universitarios, maestros, profesores, amas de casa y sindicalistas de Libertador y de la vecina localidad de Calilegua, poniendo a disposición su parque automotor”. En el escrito presentado con el patrocinio del abogado Alberto Palacio, integrante del Comité para la Defensa de la Salud, la Etica profesional y los Derechos Humanos (Codesedh), solicitó que sean citados a declaración indagatoria quince militares y policías de variado rango, el obispo de Jujuy monseñor José Miguel Medina, y el sacerdote de Libertador, Laurencio Cano, además de los “titulares y directivos de la empresa Ledesma”. Y también pidió que sean llamadas cuatro personas como testigos de los hechos. En el juzgado federal 1 de esa provincia avanza el Juicio por la Verdad, mientras que en el número 2 está radicada esta denuncia y otra veintena de procesos por cada uno de los desaparecidos de Jujuy.