Antonio Baseotto continúa siendo para la Iglesia Católica el obispo castrense. De hecho, en términos del derecho eclesiástico sólo puede removerlo de ese cargo quien lo ha designado, es decir, el Papa como máxima autoridad de la institución católica. Eso no ha ocurrido hasta el momento y es improbable que suceda. Después del entredicho por la carta que Baseotto le envió al ministro Ginés González García el año anterior, el gobierno del presidente Néstor Kirchner le retiró el reconocimiento oficial, los honores y los cargos que, por acuerdo con el Vaticano, le corresponden en la Argentina a quien ocupa el cargo de obispo castrense. Pero en el campo eclesiástico el obispo sigue ejerciendo sus funciones sacerdotales más allá de que, por pedido expreso de sus colegas obispos, restrinja sus apariciones públicas y evite hacer declaraciones. De todos modos, la condición de Baseotto sigue siendo ambigua, y tanto desde la Iglesia como desde el Gobierno existe la intención de mantener congelada la situación para que decante y evitar así nuevos roces por este motivo. El 4 de abril del año próximo el obispo tiene que presentar obligatoriamente su renuncia. Cumple en ese momento 75 años de edad y las normas eclesiásticas lo obligan a poner su dimisión en manos del Papa.

De hecho, el “caso Baseotto” se convirtió hasta no hace mucho tiempo en una molestia en el zapato para todos aquellos que trabajaban en la tarea de aceitar las relaciones entre la jerarquía católica y el Gobierno. Para Kirchner resulta especialmente molesto que Baseotto se rodee y apañe a sectores de las Fuerzas Armadas que se oponen a la política de derechos humanos del Presidente. Estos grupos de uniformados buscan en Baseotto una suerte de “respaldo espiritual” en el discurso ultraconservador del ex obispo de Añatuya. Para gran parte de la jerarquía católica, Baseotto también es una molestia. Preferirían que desaparezca del escenario y, de muchas maneras, lo presionan para que no siga entorpeciendo con sus actitudes lo que se considera una relación “de buena colaboración y autonomía” con el Gobierno. Pero Baseotto se siente también respaldado por los sectores más ultraconservadores de la jerarquía y, por supuesto, por el Vaticano que decide no removerlo. Actuando con lógica corporativa, todos los obispos –sin excepción– se niegan a aceptar que la remoción de un obispo –el castrense o cualquier otro– se haga por presión del poder político. Lo consideran una intromisión inadmisible, aun cuando en el espacio interno lluevan las críticas contra el titular del Obispado castrense a quien muchos obispos no dudan en calificar de “fragotero”.

De todos modos, la decisión del caso Baseotto permanece hoy en una suerte de limbo, algo así como un “paraguas” diplomático que permite separar esta cuestión específica de otros diálogos e intercambios entre la Iglesia y el Gobierno. Sobre este punto hay discrepancia, no se llegará a un acuerdo y, mientras Baseotto guarde su bajo perfil, nadie aceptará referirse al asunto. Distinto es si el titular del Obispado castrense se reinstala en el escenario público con declaraciones o tomas de posición. Allí todo el paraguas de protección puede derrumbarse y precipitar una nueva crisis.

Pero no es el único frente en el que Baseotto debe dar explicaciones. En la provincia de Santiago del Estero está en marcha una investigación judicial por el tráfico de bebés que lo tiene seriamente implicado al obispo que fue titular de la diócesis de Añatuya durante diez años, entre 1992 y el 2002. Baseotto no quiere hablar tampoco de este tema, pero del expediente judicial surge que puede estar seriamente comprometido por las denuncias formuladas por la Fundación Adoptar. Una resolución judicial que implique de manera directa al ex obispo de Añatuya podría también constituir una circunstancia que dé un vuelco definitivo a la situación y que acorte los plazos de la salida de Baseotto, quien podría ser obligado a renunciar antes de cumplir los 75 años.