El gobierno uruguayo convocó a su cónsul en Gualeguaychú, Arisbel Arnoldo Arocha, para que dé explicaciones sobre su vínculo con la dictadura militar de su país. Página/12 publicó ayer que ese diplomático había sido cónsul en Buenos Aires durante los años más duros de la represión y fue imputado ante la Justicia por un sobreviviente del centro clandestino de detención Automotores Orletti. La designación llamó la atención no sólo por los cuestionados antecedentes del funcionario, sino también porque su nombramiento se realizó en un destino sensible en la relación entre la Argentina y Uruguay.

El pasado de Arocha fue motivo de varias conversaciones en la mañana de ayer entre el embajador uruguayo en la Argentina, Francisco Bustillo, y el vicecanciller Roberto García Moritan.

Funcionarios de la Cancillería aseguraron que, por la tarde, llamó el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Reinaldo Gargano, y, luego de intercambiar información con García Moritan, informó que se había decidido convocar al cónsul en Gualeguaychú. El canciller Jorge Taiana siguió de cerca el tema, pero no se ocupó personalmente del hecho, ya que ayer se reunió en Nueva York con el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan (ver página 2).

Arocha deberá dar explicaciones al gobierno de Tabaré Vázquez, que luego decidirá si lo releva definitivamente de su función o lo mantiene como representante de su país en la ciudad que está atravesada por el conflicto por la instalación de las plantas de celulosa.

El relevo del cónsul de Gualeguaychú –nombrado el 31 de marzo pasado– había sido reclamado por ex presos políticos uruguayos y había provocado el enojo de militantes del Frente Amplio residentes en la Argentina. A ellos se sumaron ayer el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, y el vicegobernador Pedro Guastavino. Ambos rechazaron la designación de Arocha, a quien consideraron “cómplice de la dictadura” del vecino país. “Lo sentimos como ofensa al espíritu democrático de la provincia”, señalaron en un comunicado de prensa difundido por el gobierno de Entre Ríos.

Busti y Guastavino aseguraron que “Arisbel Arnoldo Arocha Moreno era cónsul en Buenos Aires cuando las dictaduras de ambos países eran socios del Plan Cóndor, pergeñado para detener, secuestrar y hacer desaparecer a militantes del campo popular y la democracia”. Además, afirmaron que el diplomático era “indigno de representar a la democracia”, repudiaron “su presencia en Entre Ríos” y reclamaron “una pronta reflexión de parte de la Cancillería oriental”.

Arocha fue vinculado con el Plan Cóndor, de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, por su cargo como cónsul en Buenos Aires en los años 1976 y 1977. No fue señalado como represor, sino por su responsabilidad política, ya que los uruguayos que eran perseguidos en la Argentina trataban de mantener la máxima distancia posible del consulado, que representaba a la dictadura de su país. Además, el diplomático fue acusado ante el juez Daniel Rafecas por un sobreviviente de Automotores Orletti, el centro clandestino del Plan Cóndor en Buenos Aires.

Sergio López Burgos aportó a la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército documentación desclasificada del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Entre esos papeles estaba la circular 8/976 rotulada como “secreto” de la Dirección para Asuntos de Política Exterior, en la que el ex canciller Juan Carlos Blanco daba instrucciones a los jefes de misión diplomática sobre un plan para combatir la “campaña internacional contra la imagen exterior de Uruguay”: “En el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección para Asuntos de Política Exterior coordina las acciones en el exterior y es enlace con las demás agencias nacionales participantes de esta misión”, se indicaba en esos documentos, que, según el testimonio deLópez Burgos, comprometen también al ex embajador Gustavo Magariños y a Arocha.