Con una holgada mayoría y luego de no mucho debate, el oficialismo logró aprobar en Diputados la modificación a la estructura de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Con el respaldo de los bloques de la derecha y del ex duhaldismo, el oficialismo dio media sanción al proyecto que crea la figura de presidente del organismo encargado de investigar los delitos de lavado de dinero. La iniciativa concentra en el titular de la unidad las atribuciones que antes tenía un cuerpo colegiado. También crea un comité de asesores al que está obligado a consultar aunque sus opiniones no sean vinculantes. Los 39 votos de quienes se opusieron al proyecto los emitieron los diputados del ARI, del socialismo, del radicalismo, de la izquierda y del centroizquierda en general.

Aunque goza de autarquía funcional, el organismo depende del Ministerio de Justicia. Nació en el 2000, con la sanción de la ley que combate el lavado de dinero. Originalmente estaba compuesto por once miembros. Por decreto, el gobierno de Fernando de la Rúa modificó el número de integrantes y lo llevó a cinco. En marzo de este año, una anterior modificación a la ley de lavado dio al organismo la atribución de avanzar sobre el secreto financiero, bursátil y económico, sin reclamar la autorización de un juez competente. Ahora el organismo se concentra en la autoridad del presidente.

“Se va a emplear el mismo mecanismo que se utiliza para la designación de los jueces de la Corte. Se propondrá un candidato y habrá quince días para impugnarlo”, dijo el titular de la Comisión de Justicia, el kirchnerista Luis Cigogna, al defender por qué no se accederá a estos cargos por concurso público, como sí sucedía con los anteriores integrantes de la UIF. “También hay una novedad, los dictámenes del consejo asesor no serán vinculantes”, señaló Cigogna. Al apoyar el proyecto del oficialismo, el liberal Federico Pinedo recordó que, desde su instauración, “la UIF no produjo ninguna sentencia”.

De acuerdo con el proyecto del oficialismo, el organismo quedará conformado por un presidente, un vice y siete integrantes de un consejo asesor. Los siete asesores del consejo representarán a los ministerios de Economía, de Justicia, de Interior, al Sedronar, a la AFIP, al BCRA y a la Comisión Nacional de Valores. Accederán a ese comité luego de una propuesta del Ejecutivo. La remoción de alguno de ellos es una atribución del Ejecutivo. Anteriormente, para desplazar a uno de los integrantes de la UIF había que iniciar un procedimiento que lo llevaba adelante un tribunal de tres ex magistrados. Entre las atribuciones que tiene el organismo está la de multar a quienes estén sospechados de operaciones dudosas. La suma de esa multa puede llegar de una a diez veces el monto de esa operación. Esa atribución antes decidida de manera colegiada, de ahora en más es una atribución de su máxima autoridad.

“Vamos a tener una central de inteligencia en manos de una sola persona que podría disponer de información sobre cualquier ciudadano sin la intervención de un juez”, sostuvo la diputada del ARI Marcela Rodríguez, cuando se debatió el proyecto. En diálogo con este diario, la legisladora reparó en el hecho de que “quien tiene que controlar es designado por el controlado”. La diputada insiste en que “para combatir el lavado es fundamental levantar el secreto fiscal. Algo que no estaba contemplado en la anterior ley y tampoco en ésta”.

Al fundamentar la posición del radicalismo, Fernando Chironi destacó que “la designación de los funcionarios por decreto no da transparencia al procedimiento”. Para la oposición, la movida del oficialismo es complementaria de una reforma impulsada en marzo, por la cual se le daba mayor poder al organismo. Por eso criticaron que la iniciativa votada ayer concentre ese poder en una persona. Sostuvieron que “si se quisieraconseguir impunidad, habría que impulsar una reforma como la que se votó”. Algo que palabras más, palabras menos, también recordó el diputado de izquierda Luis Tinnirello.