“Lo único que cambió es que ahora ya no estoy solo, protestando, como si fuera el único interesado por el buen destino del juicio” por abuso sexual de menores contra el cura Julio César Grassi. El abogado Juan Pablo Gallego, del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño que preside Estela de Carlotto, opinó que la decisión de los fiscales del juicio de recusar “por prejuzgamiento” al Tribunal Oral Nº 4 es algo “que nos provoca algún grado de satisfacción”. De todos modos, Gallego, que representa a uno de los chicos que denunció a Grassi, insistió en la necesidad de que la Procuración General bonaerense “designe a los tres mejores fiscales de que disponga, porque si no tenemos una buena acusación, no hay juicio que pueda tener un buen destino”. El Comité elevó a la procuradora general María del Carmen Falbo un documento de 85 carillas en las cuales deja constancia de todos los cuestionamientos por la actuación de los fiscales del juicio a Grassi, Sandra Míngolo, Alejandro Varela y Carolina Rodríguez. La queja se extiende, incluso, al fiscal general de Morón Federico Nieva Woodgate.

Ante una consulta de Página/12, fuentes de la Procuración sostuvieron que todavía no podían hacer “ningún comentario” sobre el contenido de la presentación, que había sido adelantada verbalmente el jueves de la semana pasada, cuando Carlotto y Gallego se reunieron con Falbo en su despacho de la ciudad de La Plata. “En principio, la Procuración está apoyando a los tres fiscales que participan del juicio y que ayer, en coincidencia con lo que piensa el Comité, decidieron recusar al Tribunal Oral Nº 4. La posibilidad de designar a otros fiscales será resuelta en su momento, de acuerdo con lo que se vaya decidiendo en la Justicia, respecto de las distintas apelaciones que se hicieron en la causa.”

El cuestionamiento contra el Tribunal Oral Nº 4 de Morón, integrado por Pedro Rodríguez, Rodolfo Castañares y Carlos Torti, se hizo más fuerte a partir de la presentación, por parte del Comité que preside Carlotto, de una pericia psicológica según la cual el cura Grassi tiene el perfil propio de “un delincuente sexual”. El estudio se realizó en el marco de una causa contra Grassi, también por abuso sexual contra menores, que tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Santa Cruz, a cargo del juez del Calafate Carlos Oscar Narvarte.

El abogado Gallego, en nombre del Comité, había solicitado que el caso de abuso denunciado en El Calafate fuera sumado a la causa que tramita en Morón. Esa posibilidad fue rechazada por el Tribunal Oral Nº 4, que todavía no ha realizado una pericia similar en relación con los dos casos de abuso que le competen y que fueron en perjuicio de los chicos conocidos bajo los apodos de “Gabriel” y “Ezequiel”. Ahora, en su presentación escrita ante la procuradora Falbo, el Comité insistió en la necesidad de que esa pericia sea incorporada al juicio oral contra Grassi, que debería comenzar el 3 de julio próximo. De todos modos, por todas las apelaciones en curso, se supone que la audiencia pública sufrirá una demora.

El cuestionamiento a los fiscales parte tanto de Gallego, que asiste a “Ezequiel”, como del nuevo abogado de “Gabriel”, Eduardo Valdés, quien también presentó una querella contra los miembros del Tribunal Oral Nº 4 por “ocultamiento de prueba”, en relación con la negativa a incorporar la pericia realizada por el juzgado de El Calafate. De los tres fiscales del juicio oral, la única que tiene una cierta aceptación por parte de los dos letrados es la doctora Míngolo.

Por medio de la presentación por escrito ante la Procuración bonaerense, el Comité pretende garantizar su participación activa, como querellante, en el juicio oral contra Grassi. “El Comité tiene el derecho y la obligación de velar por los derechos de los niños y está claro que ellos han sido lesionados en la causa. Por esa razón la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió ser veedora del proceso, para verificar que el país no incumpla un convenio internacional”, explicó Gallego a Página/12. El cuestionamiento alcanza incluso al fiscal general de Morón Nieva Woodgate, porque por su función “no puede ser ajeno al proceso”. Gallego insistió en que “si no se garantiza el mejor equipo de fiscales, no se puede garantizar la acusación, y sin acusación, no hay juicio”.