En dos semanas concluirán las consultas en torno de la reforma de la justicia militar y la derogación del Código vigente desde 1951, expresó ayer la ministra de Defensa, Nilda Garré, quien afirmó que finalmente elevará el proyecto al Congreso en veinte días “a los efectos de posibilitar también el cumplimiento de los plazos a los que nos comprometimos con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH): tener el proyecto al 31 de agosto”.

El Ministerio de Defensa consultará a departamentos de Derecho Penal, Derecho Público y Ciencia Política de universidades nacionales, así como a organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de abogados, que deberán hacer eventuales sugerencias dentro de las próximas dos semanas, al igual que las Fuerzas Armadas. La reforma apunta a “democratizar al máximo la institucionalidad global en las Fuerzas Armadas y permitir, en este caso concreto, que el conjunto de los derechos y de las garantías que tienen todos los ciudadanos del país también alcancen a los militares”, señaló Garré durante una visita que hizo ayer a Puerto Madryn para celebrar el 141o aniversario de la fundación de esa ciudad. Allí inauguró un muelle para el atraque de buques y dio una conferencia. Al ser consultada sobre la posibilidad de un incremento de la partida para las Fuerzas Armadas, Garré respondió que el país está “saliendo de una situación de colapso económico y social, de manera que no vamos a tener el presupuesto que querríamos”, aunque adelantó que habrá más recursos: “Prevemos incorporar algunos aviones a (la aerolínea estatal) LADE que faciliten la comunicación del interior de la Argentina”.