El salario mínimo, vital y móvil que actualmente es de 630 pesos se elevará de manera escalonada hasta llegar a los 800 pesos en el mes de noviembre. Así se dispuso ayer durante un plenario del Consejo del Salario que integran representantes gubernamentales, empresariales y sindicales. La mejora beneficiará a 770 mil trabajadores con haberes por debajo de ese monto.

Al acuerdo se arribó luego de ardorosas negociaciones en la sede del Ministerio de Trabajo. El acta que las partes rubricaron en el Consejo establece un incremento escalonado del actual salario mínimo, que se elevará a 760 pesos en agosto, pasará a 780 pesos en septiembre, se mantendrá en ese monto en octubre, y finalmente quedará en 800 pesos a partir de noviembre.

Con este esquema se logró calmar los ánimos de un sector del empresariado, que hasta primeras horas de ayer se mantenía renuente a un acuerdo. La propuesta original del Gobierno también desembocaba en un salario de 800 pesos pero a efectivizar en octubre y no en noviembre. Ese mes de gracias se convirtió en el caramelo que endulzó a la Unión Industrial.

La UIA debió lidiar con el ministro Carlos Tomada pero también con internas propias antes de llegar a buen puerto. Había una marcada diferencia entre las empresas del interior –que pidieron con énfasis regionalizar el salario mínimo–y la de los grandes centros industriales.

Tal fue la inflexibilidad de la UIA en el proceso de negociación, que en la víspera llegó a presentar un pedido de prórroga de 72 horas para el inicio del plenario, lo que hubiese demorado el acuerdo hasta la próxima semana.

Esa actitud dispersó a los negociadores. Algunos incluso amagaron la retirada. Hugo Moyano fue clave al propósito oficial de encauzar las tratativas. El titular de la CGT cedió de mala gana, pero cedió al fin, para que el incremento del salario mínimo sea en tres etapas –en vez de dos– y que alcance los 800 pesos un mes después de lo que se había pautado originalmente.

José Luis Lingeri, el número dos de la CGT, jugó otro rol central al gestionar antes los empresarios para que cedieran en sus pretensiones. Vale recordar que la representación patronal propuso llevar el salario mínimo a 693 pesos, como corolario de una suba del 9,9 por ciento equivalente al incremento del costo de vida desde el último encuentro del Consejo del Salario, el año pasado.

Por su parte, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) de Víctor De Gennaro fue consecuente con su prédica. Y al no lograr colar una agenda temática que excedía a la mejora del salario mínimo –este, de todos modos, quedó por debajo de los 857 pesos que reclamaba– no acompañó el dictamen de mayoría.

Así planteada las posiciones, la votación del Consejo del Salario –integrada por 16 miembros de empresariado y 16 del sindicalismo (13 de CGT y 3 de CTA)– resultó de la siguiente manera:

- 23 votos a favor (conformado por los 13 de la CGT, más los 5 de la UIA, y los de los representantes de bancos, construcción, comercio, bolsa y servicios)

- 5 votos en contra (3 de la CTA, 1 de la asociación de pequeños y medianos empresarios y el restante de la federación agraria)

- 4 abstenciones (de los ruralistas, quienes en rigor suelen fijar su salarios en un equivalente al consejo del salario del sector).

El desarrollo del plenario devolvió el reflejo exacto del espacio político que ocupa cada uno. Una CGT cercana al Gobierno y ofreciendo por boca de Moyano un discurso componedor. El dirigente camionero destacó los renunciamientos de uno y otro sector para lograr el acuerdo. Ese consenso, dijo, es lo que mantiene vivo al Consejo del Salario.Puertas afuera volvió a endulzar a la administración kirchnerista con un argumento que también se convirtió en autoelogio. Fue al recordar que desde que Tomada desempolvó el ámbito tripartito de negociación se logró incrementar el salario mínimo en un 300 por ciento ya que desde 1993 estaba en 200 pesos.

Llegó a decir que en verdad el salario mínimo superará la línea de pobreza ya que, con las asignaciones familiares, estará por encima de los 857 pesos. Pareció más bien un artilugio para no tener que admitir que aquel objetivo de máxima no fue cumplido. De hecho, el salario mínimo es una cosa y las asignaciones otra. Tal es así, que aquel trabajador sin hijos no las cobra y, por lo tanto, no supera el umbral de pobreza a no ser que en la sumatoria total se incluya el aguinaldo.

Más allá de la manera en que Moyano hizo engordar el aumento, este será en noviembre del 27 por ciento, más del techo del 19 por ciento que decían que iban admitir los empresarios y mucho más del 9,9 que este sector propuso en la mesa de negociaciones.

El incremento beneficiará a unos 770 mil trabajadores. Pero no incidiría en 4,5 millones de personas que trabajan en negro. Fue precisamente por eso que Tomada puso énfasis en el “combate el trabajo ilegal” y en la responsabilidad de las empresas en el proceso de blanqueo de sus empleados.

Previsiblemente, la CTA fue dura con Tomada, a quien De Gennaro le endilgó no haber cumplido con compromisos sobre el funcionamiento del Consejo del Salario, y el rol del mismo como consejo consultivo económico social. Paso seguido, la central alternativa esgrimió su propuesta para explicar, en la comparación, por qué no acompañó lo votado ayer.

La CTA pretendía un salario mínimo de 857, para ir acercándose a una canasta básica que en principio evalúa en 1860 pesos. En rigor, ese número debe ser establecido por el Consejo del Salario, según surge de un acta suscrita por sus integrantes el último año.

De Gennaro pidió, además, una asignación universal de 70 por hijo para todos los trabajadores, un seguro de empleo y formación de 720 pesos, y una asignación para todos los mayores excluidos de la seguridad social de 520 pesos.

Tomada no contestó al pedido. Prefirió una mirada histórica al logro. “El Consejo del Salario fue ignorado producto de las políticas expulsivas que se impusieron en el país. Hoy, por el contrario, funcionó y funciona como una suerte de llave para incluir a los que quedaron afuera. Es innegable que todo lo que se puede hacer por los más postergados es una obligación”, dijo anoche poco antes de recibir un llamado de Kirchner mostrando su beneplácito por el desenlace de las negociaciones.