Hace unas semanas, el ministro de Justicia les informó a los senadores que la propuesta de Reforma del Código Penal planteada por una comisión de juristas convocada por ese Ministerio no iba a continuar siendo discutida. En ese proyecto se incluyen aspectos que la sociedad imprescindiblemente debe discutir, como la eutanasia y la despenalización del aborto.

Ahora el caso de la joven débil mental violada y embarazada, a la que se le niega el derecho que legalmente la asiste a interrumpir el embarazo, evidencia la necesidad de esa discusión que los argentinos nos debemos. Nuevamente la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires deberá opinar frente al rechazo de los otros niveles de la justicia de esa provincia a conceder esta solicitud. El grave problema es que estas idas y vueltas judiciales son un ejercicio dialéctico entre quienes insisten en interpretar la ley y la Constitución parcialmente y quienes no. Pero detrás de esas discusiones hay una joven que ya lleva un embarazo de cuatro meses y que sigue esperando que se cumpla la ley.

El artículo 86 del código penal es claro y el caso de esta joven encuadra perfectamente: es un embarazo producto de una violación a una mujer demente o idiota, forma como se clasifica la debilidad mental. Las razones dadas por los camaristas platenses coinciden con la jueza de menores que dijo que “no había riesgo de vida en la víctima”, pero agregan que el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado desde 1994 a la Constitución Nacional, es otro fundamento porque reconoce la vida desde la concepción. Esto no es así, ese pacto habla de “el reconocimiento de la vida en general desde el momento de la concepción”. La condicionalidad de este “en general” ignorado por algunos sectores es lo que permite el aborto legal en países que ratificaron este Pacto como Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de estas diferencias, todas las partes coincidimos en que es necesaria esta discusión en la sociedad argentina. Lamentablemente, el ministro de Justicia la abortó, sin importarle el costo en vidas de muchas mujeres pobres y el sufrimiento de sus familias que esto implica. Esta actitud del máximo funcionario nacional alimenta la actitud sectaria e inadmisible de quienes en la justicia, los servicios de salud y otros ámbitos no respetan la ley.

* Presidenta de la Fundación de Estudios e Investigación de la Mujer.