Por la mañana el fiscal Federico Delgado pidió que no se lo excarcelara; algunas horas después, el juez federal Daniel Rafecas coincidió con el planteo. El represor Antonio Guglielminetti seguirá preso en el penal de Marcos Paz por la magnitud de los delitos que se le imputan y porque podría, como ya la hizo en varias oportunidades, fugarse y entorpecer la investigación. Rafecas tiene diez días para decidir la situación procesal del ex agente de inteligencia, que está acusado por secuestros y torturas en al menos cinco centros clandestinos de la última dictadura.

Guglielminetti fue detenido por Interpol el miércoles pasado en una quinta de Mercedes. Rafecas había reiterado el pedido de captura en su contra por los crímenes cometidos en Automotores Orletti. El año pasado, había solicitado su arresto por secuestros y torturas de Club Atlético, El Banco y El Olimpo y desde ese momento estaba prófugo.

La solicitud de libertad fue hecha anteayer por el propio Guglielminetti durante una larga declaración indagatoria en la que admitió haber trabajado para los servicios de inteligencia, rechazó todos los hechos delictivos que se le imputan y opinó que su detención obedecía a “cuestiones políticas”.

Pero el pedido fue rápidamente desestimado. Tanto el juez como el fiscal evaluaron que no correspondía que el represor fuera excarcelado debido a la gravedad de los hechos por los que está acusado. Pero también consideraron que, en este caso en particular, además, se trata de una persona que ya ha intentado evadir a la Justicia. En 1985, por ejemplo, se fue a España cuando fue involucrado en el asesinato del empresario Emilio Naum.

El prontuario de Guglielminetti demuestra que siempre estuvo en sintonía con las posibilidades criminales de cada época que vivió. Durante el gobierno de María Estela Martínez, fue miembro de la Triple A. En la dictadura logró el ascenso y pululó por los centros clandestinos Club Atlético, Banco, El Olimpo y Orletti. Con semejante experiencia, el “Mayor Guastavino” decidió, en tiempos de democracia, autonomizarse mediante un emprendimiento acorde con sus conocimientos. Se dedicó a los secuestros extorsivos, luego de haber trabajado como guardaespaldas del entonces presidente Raúl Alfonsín e integrar el grupo de inteligencia paralelo “Alem”.

Rafecas, a cargo del sumario penal por ilícitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército durante los años del terrorismo de Estado, también ordenó el martes el arresto del ex agente de la SIDE Honorio Martínez Ruiz –que estaba preso por el robo a las cajas de seguridad del Banco Nación–, del coronel Rubén Visuara, de Eduardo Ruffo –prófugo– y de Néstor Guillamondegui, que fue indagado ayer.

El juez también imputó a diez represores uruguayos que actuaron en Orletti, donde permanecían detenidos ilegalmente ciudadanos provenientes de ese país, en el marco del bautizado Plan Cóndor, que coordinó el accionar represivo de las dictaduras latinoamericanas para eliminar opositores políticos. Actualmente, en Montevideo están detenidos seis de los diez acusados. Sobre los cuatro restantes se libró un pedido de captura (ver aparte).