Doce años después de iniciada la investigación del caso IBM-Banco Nación, Mario Dadone, Genaro Contartese y otros ex funcionarios del menemismo serán llevados a juicio oral. El presunto pago de coimas para la informatización de la entidad fue uno de los casos más sonados de la década del noventa e incluyó capítulos siniestros como la muerte de Marcelo Cattáneo, quien apareció ahorcado en un paraje de Ciudad Universitaria con un recorte de diario en la boca que mencionaba su supuesta voluntad de hablar ante la Justicia sobre los sobornos. Su hermano, el empresario Juan Carlos Cattáneo, estará ahora entre los acusados de las próximas audiencias orales.

La decisión de que se realice el juicio oral fue tomada por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación, integrada por Liliana Catucci, Raúl Madueño y Alfredo Bisordi, quienes rechazaron un pedido de prescripción del delito planteado por los procesados. Los fundamentos de la medida se darán a conocer a las partes el viernes próximo.

Además de Dadone y Contartese, ex directivos del Banco Nación, entre los acusados están también sus antiguos pares Hugo Gaggero y Alfredo Aldaco, todos imputados por “administración infiel”, figura para la que se prevén penas de hasta seis años de prisión.

También serán juzgados los ex directivos de IBM Ricardo Martorana, Gustavo Soriani, Luis Manfredi y Federico Zwirner. Cattáneo es imputado por haber sido el dueño de una empresa subcontratista mediante la cual se habrían pagado las coimas.

La investigación por el pago de sobornos de IBM a directivos del Nación se abrió en 1994. El entonces juez federal Adolfo Bagnasco recuperó y repatrió parte de los 21 millones de dólares que se habrían pagado como retornos.

El contrato entre el Nación e IBM implicaba un monto de 249 millones de dólares, presupuesto destinado a la informatización de quinientas veinticinco sucursales del banco. El proyecto se bautizó “Centenario”.

Bagnasco renunció a su cargo y la causa quedó a cargo de un juez suplente hasta que asumió Guillermo Montenegro, quien elevó el tema a juicio oral en diciembre de 2004, dos años después de que lo pidiera la fiscalía.

El caso llegó al Tribunal Oral Federal 3, el mismo que estuvo a cargo del proceso por el atentado a la AMIA, que debió congelar todos los preparativos ante los planteos de prescripción hechos por los abogados defensores.

El Tribunal Oral, formado por Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, ya había rechazado esos pedidos de prescripción y ahora podrá empezar a pensar en una fecha de comienzo de las audiencias, ya que la posibilidad de que se suspenda el juicio es ahora remota. A los acusados les queda la última opción de presentar un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia, que debería ser aceptado por Casación, o en caso contrario ir en queja a la Corte, pero este paso no interrumpe el inicio del juicio oral.