En agosto de 2000, el escándalo por el pago de sobornos en el Senado tenía vida propia. En una sesión, Antonio Cafiero había presentado una cuestión de privilegio. Después de un mes, presidida por el riojano Jorge Yoma, la Comisión de Asuntos Constitucionales había comenzado a darle curso. “Antonio, qué bueno que viniste. ¿Por qué llegaste tarde?”, le dijo Yoma a modo de saludo. “Me demoré viendo dos películas: una con Marcello Mastroianni, De eso no se habla, y una de terror, Sé lo que hicieron el verano pasado”, respondió el bonaerense. A lo largo de su historia el Congreso tiene varias páginas negras. Como pocas, las coimas que se habrían pagado para aprobar la Ley de Reforma Laboral desnuda a la dirigencia política. Repasar los dichos y hechos de quienes tuvieron roles protagónicos es una buena radiografía de un cuerpo que apenas unos meses más tarde pasó largas jornadas cercado por el grito “Que se vayan todos”.

La Ley de Reforma Laboral apareció como la primera batalla parlamentaria de la Alianza. Las reuniones para conseguir el respaldo a la iniciativa que tanto aplaudió el FMI, habían marcado el verano del 2000. El primero de marzo al inaugurar el período ordinario de sesiones, Fernando de la Rúa les decía a los legisladores: “Merezco la oportunidad que el pueblo me dio en las urnas de implementar mi plan para superar la crisis”.

Veintitantos días después, el camionero Hugo Moyano denunció que en una cena que el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique mantuvo con varios dirigentes sindicales en el sindicato de Obras Sanitarias, dijo: “Para los senadores tengo la Banelco”. La frase habría sido una respuesta a la afirmación de Moyano de que la ley no pasaría por el Senado.

Rodeados por una movilización que repudiaba la nueva norma, la Cámara alta aprobó el proyecto en la madrugada del 26 de abril. Desde la primera bandeja, Flamarique festejó la sanción de la iniciativa. “Lo felicito, Alberto, esto es un triunfo de las instituciones”, le dijo De la Rúa a través de una llamada telefónica.

Las crónicas de la época no ocultaban que en las negociaciones previas, el bloque del peronismo reclamaba la concesión de ATN y Planes Trabajar para repartir en sus provincias. Dos meses después comenzó a difundirse que, además, habrían existido otro tipo de favores personales. Las palabras coima y soborno comenzaron a asociarse a la ley. Cafiero presentó la cuestión de privilegio y De la Rúa se reunió con los senadores del PJ involucrados para darles su respaldo.

Un anónimo que describía pormenores de la maniobra, con nombres y apellidos, comenzó a recorrer los pasillos de la Cámara alta. El vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez se mostró partidario del desafuero colectivo. El ex presidente Raúl Alfonsín dijo que si se comprobaba que hubo pagos, se retiraría de la política. “De la Rúa está sereno; yo no tengo tanta serenidad como él”, aseguró el caudillo radical después de una reunión con el Presidente. “Le digo a la Alianza que la tarea es difícil para el peronismo: ser oposición y trabajar como oficialismo es una cosa muy complicada”, señaló el titular del bloque justicialista Augusto Alasino cuando se comenzó a investigar el hecho en el Senado. Mientras Yoma alertaba que De la Rúa podría terminar enfrentando un juicio político, Alasino lo respaldaba aún a costa de reconocer la falta de virtudes propias. “Si hay algo de lo que los argentinos todavía no dudan es de la honestidad del presidente de la Nación”.

En su dictamen de ayer, el fiscal Federico Delgado puntualizó que los principales actores del affaire tenían dos planos de discurso. Uno para la opinión pública y otro en el que se camuflaban mensajes para los involucrados en el caso.