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Por Raúl Kollmann
e Irina Hauser
La fiscalía de Lomas de Zamora que investiga la represión en Avellaneda pidió ayer la detención del sargento primero Carlos Leiva, detectado por Página/12 como uno de los policías de civil que dispararon contra los piqueteros. Leiva pertenece al servicio de calle de la comisaría primera de la zona, la misma en la que actuaba Alfredo Franchiotti. Fue identificado por lo menos por cuatro testigos, víctimas de balas de plomo, que aseguraron que fue él quien les apuntó, y aparece también manipulando una escopeta Itaka en varias secuencias fotográficas y filmaciones contundentes.
Los investigadores sospechan que, tal como reveló este diario, Leiva no actuó solo sino con una patota policial integrada por un jefe, un oficial inspector, y otros dos suboficiales que usaron Itakas, auto no identificable e iban los cuatro vestidos de civil. Incluso una de las hipótesis es que ese grupo estaría también vinculado con el ataque al colectivo de la línea San Vicente que fue desalojado por un hombre –quien según el testimonio del conductor llevaba una escopeta Itaka recortada– que causó finalmente su incendio arrojándole una bomba molotov.
Hasta el momento a Leiva se lo había identificado actuando con una especie de campera o polar gris y rojo, en la zona de Plaza Alsina y el jueves la Justicia confirmó que pertenecía a las filas de la Bonaerense.
Hay filmaciones donde se lo ve correr, frenar, apoyar una rodilla en el piso, disparar su arma y recoger el cartucho para que no quede ninguna prueba de que disparó balas de plomo con la evidente intención de matar.
En otras imágenes a varias cuadras, donde lleva la misma vestimenta, participa claramente de la detención de un piquetero. Y un nuevo análisis ratifica que en algún momento se sacó el abrigo y se quedó con un buzo oscuro con algunas rayas y escote en “v”. Con esta ropa se ve al polifacético suboficial en algunas fotos apuntando, a una distancia de unos 50 metros, hacia el local Partido Comunista de Avellaneda, donde varios uniformados ingresaron ilegalmente, rompieron la cerradura a balazos, tiraron gases y le dispararon a tres manifestantes que estaban adentro.
Todos estos elementos, además de la patente identificación que hicieron cuatro integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez, motivaron el pedido de detención por parte de los abogados Claudio Pandolfi y Sergio Smietniansky –de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)–, que finalmente ayer concretaron los fiscales Juan José González y Adolfo Naldini. Ya hay cuatro policías más detenidos por la represión en la que murieron los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Se trata, además de Franchiotti, del oficial Carlos Jesús Quevedo y los cabos Alejandro Acosta y Lorenzo Colman. La fiscalía está juntando más pruebas y testimonios y pedirán en unos días a la jueza María Salvo que confirme su prisión preventiva. En el caso de Franchiotti, según informaron a Página/12 allegados a la causa, hay cada vez más elementos que conducen a que habría sido él quien mató a Santillán. Todavía se sigue analizando la responsabilidad de la Prefectura que, claro está, intervino mucho más allá del Puente Pueyrredón.
Ayer declararon en la causa la legisladora porteña Vilma Ripoll (Izquierda Unida), un colaborador suyo y Mariano Benítez, un miembro de la Correpi que recibió nueve balazos de goma en la cabeza. “Pude identificar a dos policías que entraron al local y dispararon, a quienes después volví a ver en la comisaría primera de Avellaneda. Por los datos que tenemos sus apellidos son Poggi y Gaise”, relató Ripoll. “También vimos a cuatro tipos de civil armados en la puerta de la sede partidaria y a la vuelta había por lo menos otros dos. En la fiscalía no me mostraron fotos para poder reconocerlos”, añadió la legisladora. La semana próxima declararían las diputadas nacionales Marcela Bordenave (ARI) y Patricia Walsh (IU), quienes también dicen que vieron a un grupo de policías de civil “vestidos como piqueteros” dentro de la comisaría.
Con los últimos datos que fueron apareciendo se comprobaría que hubo un operativo que apuntó a confrontar con la protesta y que incluía la opción de utilizar armas de fuego. Desde el vamos, ningún efectivo lleva cartuchos rojos (de balas de plomo) –como muestran algunas fotos en la cintura de policías– sin la venia de un jefe. Aunque todos los cartuchos rojos que se vieron en el piso, usados, desaparecieron, la fiscalía sugieren que igual podrían establecer responsabilidades.