La Cámara Nacional de Casación Penal resolvió revisar la validez de las ya anuladas leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La decisión se basó en un recurso presentado por el dictador Jorge Rafael Videla. El tribunal admitió el pedido de Videla a pesar de que él nunca fue amparado por las leyes de impunidad. Los jueces Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Ana María Capolupo de Durañona y Vedia fallaron a favor del dictador en el marco de la causa por los crímenes cometidos por el “Plan Cóndor”, de coordinación de la represión en el Cono Sur.