Esta vez no tuvo que explicar cómo llegaron toneladas de armas argentinas al exterior ni por qué ocultó la existencia de una cuenta suiza en su declaración jurada de bienes. Pero el ex presidente y actual senador Carlos Menem no pierde la costumbre de visitar Tribunales y ayer defendió la venta presuntamente ilegal de una plaza en Retiro a un grupo de feriantes. Como hizo en ocasiones anteriores, el ex mandatario adujo que se limitó a firmar un decreto en el marco de la “emergencia administrativa”, pero su rúbrica autorizó la enajenación, en 1991, de un terreno calificado como “bien de dominio público del Estado”.

El dato de su presencia no trascendió y así Menem pudo sortear a los periodistas acreditados en el edificio de Comodoro Py 2002, donde fue citado “a primera hora de la mañana” para que el juez federal Norberto Oyarbide le tomara declaración indagatoria en la causa en la que está acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El ex ministro de Economía de la administración Menem Domingo Cavallo ya había sido indagado en diciembre en el marco del mismo proceso, en el que también están imputados los ex intendentes porteños Carlos Grosso y Saúl Bouer. Se les cuestiona haber vendido a un grupo de vendedores ambulantes una fracción de la Plaza Salvador María del Carril, situada frente a la estación del ferrocarril Mitre, en Retiro.

El uso de ese predio fue concedido a feriantes en los ’60, durante la presidencia de Juan Carlos Onganía, y tres décadas más tarde la Municipalidad porteña resolvió directamente venderles el espacio, para lo cual obtuvo la firma del entonces presidente Menem. Al tratarse de un bien público ese trámite debió ser realizado mediante una ley.

Durante la audiencia el imputado dijo que, como presidente, “dio la instrucción política de resolver una serie de asuntos relacionados con la emergencia administrativa de ese momento, en la que figuraba la regularización de la propiedad de terrenos de la ciudad de Buenos Aires; y explicó que se limitó a autorizar la venta de esa fracción de la plaza cuando ya todos los organismos del Estado que intervinieron en el proceso así lo recomendaron”. Menem insistió en que “se cumplieron todos los pasos que correspondían para vender a los feriantes un espacio que ocupaban desde hacía mucho tiempo”, según reconstruyeron las fuentes consultadas. El ex presidente y ahora senador nacional por La Rioja sólo dijo al juez que firmó el decreto 449/91, mediante el que dispuso la venta, en base a un proyecto que tenía el visto bueno de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y de la entonces intendencia porteña. Asistido por el abogado Pedro Baldi, Menem se remitió a un descargo escrito elaborado por la defensa, para brindar otras precisiones sobre el asunto.

Funcionarios imputados por Oyarbide ya plantearon la prescripción de la acción penal, mientras que el magistrado debe resolver ahora si procesa a Menem por abuso de autoridad y violación de sus deberes.

En forma paralela, Menem se encamina al juicio oral y público por presunto ocultamiento de bienes al fisco, y en esa investigación también ha planteado la prescripción. Y afronta cargos por posible enriquecimiento ilícito y contrabando de armas, en expedientes que tramitan ante el fuero penal económico. Otro de los procesos que lo incrimina es la investigación que conduce el juez federal Guillermo Montenegro por presuntas anomalías en la adjudicación de la explotación del espacio radioeléctrico a la empresa francesa Thales Spectrum.