Un jubilado telefónico denunció a María Julia Alsogaray y al ex ministro de Trabajo Rodolfo Díaz por haber privado a los trabajadores de Telefónica y Telecom de participar en las ganancias de estas empresas. La denuncia, que quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Cearras, es por los presuntos delitos de “asociación ilícita” y “administración fraudulenta”.

La demanda fue realizada por la abogada Liliana Zabala, en representación de Roberto Blanco, un ex empleado de ENTel. de 70 años. En el escrito, el denunciante recordó a la Justicia que la ley 23.696, que en 1989 reguló las privatizaciones de empresas estatales como ENTel. “innovó en los procesos privatizadores” incorporando los Planes de Propiedad Participada (PPP). Mediante aquel plan se otorgaban acciones a los trabajadores y se obligaba a las privatizadas a “emitir bonos de participación en las ganancias para el personal” de manera que cada empleado recibiría “una cantidad de bonos de participación en las ganancias, determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia”.

Sin embargo, indicó Blanco, desde su rol de interventora de ENTel. y privatizadora de la compañía, María Julia “omitió” esa obligación de emitir bonos de participación en las ganancias al elaborar los estatutos de las licenciatarias que prestarían el servicio.

Dos años más tarde, el 5 de noviembre de 1992, el ministro de Trabajo Díaz impulsó el decreto 395/92 del gobierno del entonces presidente Carlos Menem por el cual se estableció que las licenciatarias “no están obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias para el personal”.

Para Blanco, el decreto del gobierno menemista “violenta derechos subjetivos de los trabajadores telefónicos, establecidos previamente a su favor”, al tiempo que se cercenó “un derecho adquirido por ley, por un decreto”.

Por este tema ya existe una megademanda ante la Justicia civil impulsada por 1600 trabajadores del sector, que se encuentra a la espera de una resolución final en la Corte Suprema de Justicia.

También está en curso una causa penal en trámite desde hace varios años en el Juzgado federal de Guillermo Montenegro contra el secretario general del sindicato Foetra, Rogelio Rodríguez, por supuesto “fraude” en la administración de las acciones telefónicas que corresponden a los trabajadores.