El represor Eduardo Ruffo fue condenado a diez años de prisión por los secuestros extorsivos, ataques y robos que protagonizó entre 1982 y 1984 desde la banda que lideraba el ex agente de inteligencia Aníbal Gordon. La sentencia fue dictada por el juez Norberto Oyarbide en una causa por asociación ilícita que está conectada con la megainvestigación sobre los asesinatos de la Triple A. Ruffo ya está preso en el penal de Marcos Paz desde octubre último por 65 crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti durante la última dictadura militar.

La condena, anticipada por Página/12, destaca “la significación histórica” de la banda paramilitar conocida como “Grupo Gordon”. Repasa que “se desprendió” y actuó “bajo el abrigo de la tristemente célebre Triple A” y perpetuó sus métodos. Los casos juzgados “datan del tiempo en que el gobierno militar dejaba el poder y se reinstalaba la democracia”, destaca la sentencia. En ese momento, el despliegue de la organización, “con una agresividad inusitada, sin duda generaba la reminiscencia de épocas felizmente dejadas atrás, perjudicando y poniendo en crisis a las personas e instituciones primarias del Estado de derecho”, dice el juez.

Siete integrantes de la estructura que respondía al fallecido Gordon, entre ellos su hijo Marcelo Gordon, fueron condenados en abril de 2005, cuando Oyarbide señaló que estaba probada la existencia de la asociación ilícita que “se manejaba” con total “impunidad”. Ruffo, por entonces, estaba prófugo. Como fue descubierto el año pasado –mientras caminaba muy tranquilo por Barrio Parque– el juez desarchivó el caso y decidió darle ahora un cierre. El jueves último le notificaron la decisión, firmada dos semanas antes.

La relación entre Ruffo y Aníbal Gordon era de larga data. Actuaron juntos en el campo de concentración que funcionó en Automotores Orletti, la sede del Plan Cóndor en Buenos Aires, que dependía de la SIDE, el organismo en el que ambos revistaban desde años antes. Ruffo incluso participó en el armado de aquel centro clandestino: firmó el contrato de alquiler del taller mecánico de Floresta donde luego practicó la tortura. Por los crímenes cometidos allí lo investiga otro juez, Daniel Rafecas, que conduce la causa sobre los secuestros y desapariciones en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, por la que está detenido.

En el expediente de Oyarbide, Ruffo –alias “Zapato” o “Capitán”– aparece directamente implicado en los secuestros del actual titular del Comfer, Julio Bárbaro, de Juan Carlos Gallego y Elizabeth Lombardo y el secuestro extorsivo de Enzo Di Nella. Además del testimonio de las víctimas y de Ethel Leache, una ex pareja del entonces espía, también declararon testigos que veían las reuniones habituales del “Grupo Gordon” en el bar Pucará. Los vecinos y habitués de ese bar reconocieron la presencia repetida de Aníbal y Marcelo Gordon, Carlos y Jorge Rizzaro, Carlos Membrives, Carlos Rizzaro y Rubén González Figueredo. Este último, al declarar, confesó que todo había empezado por un ofrecimiento que tuvo para “actuar en el grupo paramilitar dentro de la Triple A”.

La nueva condena a diez años para Ruffo es más simbólica que otra cosa. El juez dio por cumplido el castigo porque el represor ya había estado preso por el secuestro de Guillermo Patricio Kelly, cometido en agosto de 1983 con la misma organización.

Está “plenamente” probada, sostuvo Oyarbide, “la existencia de un grupo de más de diez personas que, entre los años 1982 y 1984 se dedicó a cometer delitos indeterminados, tales como secuestros extorsivos, privación ilegal de la libertad, lesiones, robo, uso de documentos adulterados, entre otros”. En uno de los documentos falsos que se le encontraron a Ruffo, por ejemplo, llevaba el nombre Osvaldo Luis Aguilar con su foto. El expediente explica también que los agentes de la banda usaban sofisticados equipos de comunicación para la época, autos Ford Falcon y llevaban armas, ropas y distintivos provenientes de fuerzas militares y de seguridad.

“En cada uno de los hechos actuaban entre 10 y 15 personas en, al menos, dos automóviles; desplegaban su accionar ilícito a plena luz del día en lugares céntricos de esta ciudad secuestrando personas, que trasladaban por el tejido metropolitano y por la provincia de Buenos Aires sin que se detuviese su marcha”, describe la sentencia. “No necesitaron la utilización de máscaras –enfatiza–, actuaron a cara descubierta y, en algunos casos, hasta se permitieron fotografiar como miembros de una brigada a la que denominaron ‘Brigada Panqueque’.” Algunos había posado sosteniendo una remera que los identificaba con ese nombre, todos con un rosario al cuello, para una famosa foto que fue tapa de la revista Gente.

Ruffo cuenta con un frondoso prontuario: tuvo una condena por la apropiación de una niña, Carla Rutilo Artés, hija de una desaparecida, que finalmente pudo ser restituida a su abuela. La había anotado como hija propia y fue hallada por Abuelas de Plaza de Mayo en 1985.

El fiscal Federico Delgado también analiza su papel en la apropiación de bienes de desaparecidos a través de la empresa “Magister Seguridad Integral”, constituida en 1976. Ruffo figura como uno de los socios de la compañía, que manejaba el general Otto Paladino, entonces titular de la SIDE y, como tal, jefe del campo de concentración Automotores Orletti.

En los papeles, Magister alegaba dedicarse a estudios de mercado, asesoramiento industrial, administración de empresas, análisis contables y a la vez servicios de vigilancia, investigaciones y contraespionaje industrial. Pero como parte de su actividad hacía secuestros extorsivos y habría sido destinataria del dinero proveniente de lo que les robaban a los desaparecidos de Orletti, repartido bajo supervisión de Gordon.