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Por Floreal Gorini *

El debate asambleario y piquetero no sólo repudió la política económica vigente, sino que cuestionó la gestión dirigencial apelando a una frase sintetizadora: “Que se vayan todos”. Ese “todos” apunta a un enemigo multiforme (políticos, bancos, grandes empresas, medios de comunicación monopólicos, jueces corruptos).
Pero la crisis obedece a causas más profundas que la ineptitud y la pobreza moral de la mayoría de los políticos. No se trata pues de reducir su número sino de que la actividad pública deje de ser un coto de caza y de terminar con el reclutamiento de los dirigentes entre empresarios, tecnócratas y abogados del establishment.
Para concretar los cambios que la sociedad exige hay que comenzar por la reforma de la Constitución Nacional como paso previo a la elección de autoridades, en un plazo prudencial, sin pactos previos ni condicionamientos políticos.
Es imperioso desarrollar el principio del poder popular ampliando las facultades de las comunas, y avanzar hacia sistemas de gobierno nacionales y provinciales de tipo parlamentario. La Cámara de Representantes o Diputados debe ser el único organismo legislativo nacional y hay que suprimir la de Senadores por anacrónica y cuasi feudal.
Nuestra propuesta incluye la creación de un organismo especial, el Consejo Federal, que representaría los intereses provinciales.
La reforma establecerá en forma más precisa mecanismos de democracia semidirecta, otorgándoles un carácter vinculante.
Una nueva Constitución debe reconocer, como forma prioritaria de la organización económica, la propiedad pública de las empresas de servicios, las estrategias y las que explotan recursos naturales e incluir a la propiedad cooperativa. Ambas deben ser gestionadas por un sistema administrativo integrado por los trabajadores de la empresa, los consumidores y el Estado.
En el sector privado se diferenciará a las pequeñas y medianas empresas de las grandes. El régimen tributario reforzará la imposición sobre las mayores ganancias.
También se establecerá el derecho de los trabajadores a una creciente participación en el ingreso económico, igual remuneración para hombres y mujeres que realicen la misma tarea y la prohibición del trabajo infantil.
Dado el desarrollo de las organizaciones populares se requeriría un proceso “preconstituyente”, con deliberaciones públicas. Los convencionales deberían concurrir a las sesiones con “cuadernos de reclamos” de sus mandantes, que a su vez hayan surgido de una amplia discusión previa.

* Diputado nacional (mandato cumplido).