Hace dos meses despuntó el conflicto en Santa Cruz. Siete mil maestros y profesores iniciaron medidas de fuerza en reclamo de un aumento del salario básico, representan apenas el 1 por ciento de la planta docente del país. Desde entonces, el crescendo de la protesta se potenció a niveles que resultan incomprensibles en una lógica de costo-beneficio para el gobierno nacional. Ayer por la mañana, una marcha de municipales de Río Gallegos fue reprimida por la policía provincial y quince personas fueron heridas con balas de goma y gases lacrimógenos; a un empleado tuvieron que amputarle tres dedos de un pie. Al atardecer, se realizó otra manifestación para repudiar “el fusilamiento de los compañeros”.“El presidente (Néstor) Kirchner se olvidó de su pueblo”, dijo a Página/12 Eduardo James, secretario adjunto del gremio docente. Anoche, la Mesa de Unidad Sindical convocó a un paro general para mañana bajo la consigna “Que se vaya el gobierno, los gendarmes y la patota”.

Al día siguiente de que el Presidente acusara a los docentes de “cobardes” y patoteros” por haber manifestado frente a la casa de su madre y recordar que “no había ni un perrito” para cuidarla, el polvorín en que parece haberse transformado la capital de la provincia empezó a estallar. El ministro de Gobierno, Daniel Varizat, llegó a asegurar que Miguel Angel Aranda, a quien le amputaron tres dedos después de la acción del Grupo Especial de la Policía, “se ha comprobado que fue visto cuando se clavaba una barreta metálica en el pie para fingir una herida de bala. Fue corroborado en el hospital” (ver aparte).

El gobernador Carlos Sancho parecía haber pasado a la clandestinidad por la ausencia total de protagonismo hasta que ayer apareció: dio una entrevista al canal 9 de la provincia en la que acusó a los municipales de atacar a la policía. En la misma línea había emitido un comunicado oficial en el que indicó que “la exasperación del secretario general del SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales) de Río Gallegos, Pedro Biott, empujó violentamente al jefe del operativo contra una topadora logrando con su actitud que los manifestantes se enardecieran e intentaran arremeter contra la policía” y recordó que “esta lucha de algunos sectores, definitivamente, es una disputa política impulsada y encabezada por el intendente de esta ciudad, Héctor Roquel, acompañado por sus funcionarios”. Incluyeron en el conjunto que organiza la protesta al “diputado provincial por la Unión Cívica Radical, Omar Hallar, el senador nacional UCR (Alfredo) Fredy Martínez” por permitir “que los empleados municipales retiren sin ningún control las maquinarias pesadas del corralón municipal, con el claro fin de provocar estos actos de violencia”.

Los municipales se movilizaron en solidaridad con el obispo Juan Carlos Romanín, quien había sido denostado por Varizat por denunciar “persecución”, y en reclamo de que la provincia le gire los fondos a la comuna para que ésta pueda afrontar el aumento salarial del 15 por ciento. Pero todo se desmadró cuando apareció el grupo especial de la policía y dio rienda suelta a la balacera de gomas y gases. El día anterior habían sido gendarmes los que reprimieron a docentes a pesar de que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, había denunciado que los manifestantes se “autohirieron” para victimizarse.

Más allá de la beligerancia de las expresiones, dirigentes gremiales y funcionarios nacionales están preocupados por la escalada. Desde la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky está intentando un by pass para superar el rechazo a la conciliación obligatoria que Adosac comunicará oficialmente hoy a la cartera de Trabajo de la Nación. La idea es reabrir algún canal de diálogo a través de los ministros Carlos Tomada y Daniel Filmus. “Este es un camión a 200 kilómetros por hora que viene en picada, si no lo paramos, entramos en un túnel de terror en el que todos perdemos”, dramatizaba anoche un sindicalista, sorprendido todavía por el empecinamiento del gobierno nacional que jugó al desgaste de la huelga docente exponiendo, incluso, a su candidato para la Jefatura de Gobierno porteña, el propio ministro Filmus.

Después de dos meses de medidas de fuerza, con todos los medios nacionales con la mira puesta en la provincia del Presidente y una solidaridad social inédita, las demandas también se extremaron. La oferta de incorporar 50 pesos al básico de 161, más el blanqueo de otros 100 pesos –el inicial es de 1800 pesos–, sumado a la devolución de los salarios caídos y al compromiso de Tomada de reestructurar toda la grilla salarial en junio sonó a muy poco. “Hace quince días, con 300 pesos blanqueados para llevar el básico a alrededor de 500 y un cronograma de negociación, el tema se solucionaba, ahora no sé. Nadie se atreve a hacer pronósticos”, repetía ayer un dirigente obsesionado por encontrar un atajo, pero con pocas esperanzas.

“Ellos están apretados por el quilombo social y político y nosotros también por los descuentos y la decisión de no acatar la conciliación obligatoria”, se sinceró un dirigente. En ese desfiladero está detenido el conflicto en la provincia que gobernó directamente Kirchner entre 1991 y el 2003. Un territorio donde la hegemonía oficialista es absoluta, con veinte de los veintidós legisladores propios. Un indicio más de que algo se salió de cauce es que siete de esos veintidós se diferenciaron de la intransigencia mayoritaria y se inclinaron por la reapertura de las negociaciones paritarias.