El juez federal Alcindo Alvarez Canale ordenó el lunes la detención de seis oficiales retirados para indagarlos como autores mediatos de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones ocurridos durante la última dictadura, cuando integraban el Estado Mayor del Cuerpo V de Ejército. Se trata de los coroneles Aldo Mario Alvarez, Juan Manuel Bayón, Rafael Benjamín De Piano, Hugo Jorge Delmé, el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez y el mayor Jorge Guillermo Streich. Sus detenciones fueron solicitadas en enero de 2006 por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local e H.i.j.o.s Capital y reiteradas en octubre por los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño.

Alvarez fue jefe del Departamento II Inteligencia. En 1987 y 2000 declaró que desconocía el centro clandestino que funcionaba a 200 metros de su oficina porque se dedicaba a planear la guerra con Chile. Sin embargo, el teniente coronel Julián Oscar Corres, dueño de la picana en La Escuelita y actualmente prófugo, declaró en el Juicio por la Verdad que dependía “del coronel Alvarez, G2 del Cuerpo”.

Bayón y De Piano fueron jefes de Operaciones en 1976 y 1977 respectivamente. Bayón nunca fue citado por su actuación en Bahía Blanca. De Piano firmaba los comunicados sobre enfrentamientos fraguados. Aún integra la comisión directiva del Círculo Militar.

Páez fue jefe de la División Educación, Instrucción y Acción Cívica del Departamento Operaciones, encargada de desfiles y condecoraciones, y presidió en 1976 el autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar.

El “mayor Delmé” –como lo recuerdan las familias que lo padecieron– era el encargado de negarles información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos. Streich fue mencionado por sobrevivientes como uno de los médicos que los revisaba después de la tortura. En 1999 reconoció que concurría a La Escuelita con su arma reglamentaria.

Excepto Streich (San Martín de Los Andes) y Páez (San Rafael, Mendoza) el resto debería ser detenido en la Capital Federal. Si la policía no encuentra a Alvarez en su casa de Virrey del Pino, la segunda opción “que el juez omitió consignar” es en Coronel Encalada 1200 del barrio cerrado Laguna del Sol, Troncos del Talar, partido de Tigre.

Hasta ayer el único detenido por los crímenes en esa zona era el suboficial Santiago Cruciani, trasladado esta semana al penal de Marcos Paz. Continúa prófuga la Laucha Corres. En octubre los fiscales solicitaron 75 detenciones que incluyen militares, policías, penitenciarios y civiles como el ex juez Guillermo Madueño. En seis meses Alvarez Canale apenas citó a nueve.