Por orden del juez federal Guillermo Montenegro se allanaron las empresas que ganaron las licitaciones para los gasoductos Norte y Sur, impulsados por el Ministerio de Planificación. Y, por primera vez en el caso Skanska, se requisó la sede de Techint, que es accionista de la gerenciadora del Gasoducto del Norte y también participó de las obras del Gasoducto del Sur. Entre las firmas restantes, se encuentran Skanska y otras dos a las que se les adjudicaron las obras: Contreras Hermanos y BTU. El juez secuestró documentos para probar si existieron sobreprecios en todos los casos. Montenegro amplió, de esta forma, la trama de licitaciones de obras públicas en las que investiga las presuntas coimas a funcionarios.

El juez accedió a la ampliación del requerimiento que hizo anteayer el fiscal Carlos Stornelli, quien había pedido que se incluya a las otras dos empresas que participaron de la licitación en el Gasoducto del Norte. En esto coincidió con la presentación que hicieron en la causa los diputados Adrián Pérez (ARI) y Esteban Bullrich (Recrear), pero el fiscal solicitó además que se ampliase la investigación al Gasoducto del Sur y a quienes ganaron las licitaciones: la multinacional brasileña Odebrecht y Techint. El fiscal estipula que podría existir una matriz común en los sobreprecios de las empresas y en las presuntas coimas a funcionarios públicos.

Además, Stornelli pidió medidas de prueba para los funcionarios implicados en la causa: el secretario de Energía, Daniel Cameron; el de Obras Públicas, José López, y el titular de Enargas, Fulvio Madaro.

El juez Montenegro avanzó con el allanamiento de las empresas. En la sede de Skanska, se presentaron por la tarde los funcionarios del juzgado, que retiraron documentos en papel y en soporte digital. En la empresa sueca dijeron que les llamó la atención que requiriera “los mismos documentos” que en su momento se llevó el juez en lo penal económico Javier López Biscayart, que investiga la evasión impositiva a través de facturas falsas y empresas fantasma. Montenegro, por su parte, indaga si el dinero desviado a través de esas empresas se utilizó para pagar coimas, como admitió Skanska.

También fueron requisadas las otras dos empresas que ganaron licitaciones del Gasoducto del Norte: Contreras Hermanos –que pidió más tiempo para entregar todos los documentos– y BTU. Hasta ahora, no se esclareció el papel que jugaron. En una solicitada publicada este mes, el presidente de BTU, Carlos Mundin, se defendió por adelantado: dijo que su empresa es “de larga trayectoria en el mercado del gas” y que tiene como clientes habituales a TGN y TGS, las gerenciadoras de los dos gasoductos.

El juez también ordenó allanar la brasileña Odebrecht, pero el resultado fue negativo porque la dirección era equivocada. La multinacional se habría presentado en la licitación del Gasoducto del Sur como intermediaria de Skanska, Contreras Hermanos y Techint. Es decir, casi las mismas empresas que intervinieron en el Gasoducto del Norte.

Por eso, la principal medida de ayer fue sobre Techint, una empresa sobre la que el gobierno nacional cargó la responsabilidad de los sobreprecios. Los voceros de Techint alegaron que no se trató “de un allanamiento, sino de una requisitoria de información”. En un comunicado, la empresa detalló que el juez requirió “la presentación de documentación relacionada con las obras de construcción del Gasoducto del Norte (TGN) y del del Sur (TGS)”. La compañía destacó que se entregaron los documentos.

Techint es accionista –con un 15 por ciento– de TGN, la encargada de gerenciar las obras en el Gasoducto Norte. El Enargas debía supervisar el proceso de adjudicación. En la licitación hubo un permanente ida y vuelta de notas con el Gobierno: el 31 de enero de 2005, TGN advirtió que las tres empresas que ganaron la licitación de la obras de ampliación del gasoducto –Skanska, BTU y Contreras Hermanos– presentaban un 152 por ciento de sobreprecio. Aproximadamente, unos 17 millones de pesos.

Por pedido de Enargas se hicieron dos licitaciones más, en las que volvieron a ganar las mismas empresas. En este punto, Enargas preguntó a TGN si tenía otra forma de hacer las obras al precio que había fijado y la empresa gerenciadora planteó declarar desierto el concurso. Finalmente, el 8 de mayo de 2005, Madaro dispuso contratar a las tres empresas que presentaban sobreprecios. Con los cuatro allanamientos, el juez abrió la investigación a probar si existió una matriz común entre esas licitaciones y las que se hicieron en el lejano sur.