Con mucha celeridad pero sin la mayoría de sus integrantes, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados empezó ayer a juntar firmas para un dictamen favorable al proyecto que crea la figura penal de “asociación ilícita terrorista” y penaliza la financiación del terrorismo, que el miércoles tuvo media sanción del Senado y que diputados convertiría en ley la semana próxima. El proyecto enviado por el gobierno nacional al Parlamento tiende a dar cumplimiento a una serie de compromisos internacionales asumidos por la Argentina, entre ellos la exigencia del Grupo de Acción Financiera Internación (GAFI) que anticipó que consideraría a la Argentina como un país “no confiable para las inversiones” si no sancionaba la norma que castigue al terrorismo antes del 23 de junio. El texto del proyecto –que modifica el Código Penal– pena con reclusión o prisión de cinco a veinte años a los miembros de una asociación ilícita terrorista, que para ser catalogada como tal deberá probarse que tiene por propósito aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó aspectos de la iniciativa: “Acá se pena la pertenencia a una organización y precisamente el derecho internacional lo que reprime es la conducta terrorista”, afirmó su directora adjunta, Andrea Pochak.