El conteo es minuto a minuto. Las autoridades de la Cámara de Diputados siguen minuciosamente las peripecias que deben atravesar los legisladores oficialistas para arribar a Buenos Aires –ante la cancelación de vuelos por la niebla y las medidas de fuerza de los trabajadores aeronáuticos– y garantizar el quórum de la sesión prevista para hoy, en la que hay un tema prioritario: la aprobación de la ley antiterrorista que ya tiene media sanción. Es que el proyecto enviado por el Ejecutivo al Parlamento tiene fecha de vencimiento para sus compromisos internacionales: el ultimátum del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que dijo que consideraría a la Argentina como “país no confiable para las inversiones” si no sanciona una legislación que castigue el terrorismo antes del 23 de junio. Los organismos de derechos humanos se oponen a la iniciativa que modifica el Código Penal y crea la figura de “asociación ilícita terrorista”.

El presidente de la Cámara baja, Alberto Balestrini, dejó varias puertas abiertas. La sesión de hoy sigue en pie y se hará la reunión de Labor Parlamentaria para proponer el tratamiento de la ley antiterrorista sobre tablas. Si no hay quórum, la sesión pasaría al jueves. El apuro oficialista deviene de la fecha fijada por el GAFI –ente internacional dominado por las potencias mundiales– para considerar “confiables” las inversiones en la Argentina.

El oficialismo fundó la adhesión a la norma en las “experiencias terroristas sufridas en Argentina”: los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. “Enfrentamos al terrorismo internacional y al narcotráfico, respetando el derecho internacional sobre derechos humanos”, argumentó en el Senado la legisladora oficialista Vilma Ibarra. El proyecto crea el artículo 213 en el Código Penal, que considera como actos terroristas los cometidos para “aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” mediante “una acción de propagación del odio étnico, religioso o político y disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos... para poner en peligro la vida o integridad” de las personas.

Pero la iniciativa, que también crea la figura de “asociación ilícita terrorista” y pena la pertenencia a una organización con esa calificación aun sin haber participado de acto terrorista alguno, fue cuestionada por organismos de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que crea figuras legales que “podrían utilizarse para perseguir la protesta política y social”. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia señaló que la ley “responde a una exigencia de Estados Unidos, modifica el Código Penal pretendiendo calificar como terrorista a todo aquel que intente imponer sus reclamos al Gobierno y extiende enormemente las atribuciones represivas de las fuerzas policiales... mientras los verdaderos terroristas, entre ellos los captores de Julio López y los asesinos de Fuentealba, siguen impunes”, dice el texto que llama a movilizarse frente al Congreso para “impedir” la sanción de la ley.