La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó ayer un dictamen para que se le inicie juicio político al juez penal económico Guillermo Tiscornia, el mismo que un día antes imputó a la ministra de Defensa, Nilda Garré, como sospechosa de contrabando de armas. En una resolución, el magistrado la involucró junto con otros funcionarios en una exportación dudosa de 6739 kilos de partes de fusiles a Estados Unidos. A través de un voluminoso dictamen, los consejeros del organismo que elige y sanciona a los jueces acusaron a Tiscornia de mal desempeño por un pedido de coima de cuatro millones de dólares para sobreseer a una empresa que explota bingos y casas de juego. En el plenario del 9 de agosto se aprobaría su suspensión y la apertura del proceso de destitución.

Más allá de la coincidencia temporal con la caída de Felisa Miceli por la bolsa de billetes hallada en su despacho, la pregunta que surgió esta vez fue otra: ¿quién “presionó” a quién? ¿El juez al Consejo que lo investigaba? ¿O viceversa? Como suele suceder, en la arena judicial y política cada cual atiende su juego. El expediente sobre Tiscornia figuraba desde el martes 10 de julio en el orden del día de la reunión de Acusación prevista para el mediodía de ayer. Todos los jueces investigados, o la gran mayoría, saben con antelación qué día el Consejo tratará su caso. No es menos cierto que la reunión de consejeros se iba a suspender porque varios integrantes del cuerpo (la mayoría es kirchnerista) querían ir tranquilos al acto de lanzamiento de la candidatura de Cristina Fernández en La Plata. Pero a primera hora del día, la presidenta de la comisión, Diana Conti, propuso hacerla igual. “Sin duda estábamos ante un apriete”, le dijo la diputada del Frente para la Victoria a Página/12.

Desde que asumió como juez en 1993, Tiscornia tuvo múltiples denuncias, entre otras cosas por maniobras irregulares en el expediente sobre la aduana paralela. En el Congreso fue absuelto por el peronismo. Años después, también sorteó las acusaciones en el Consejo de la Magistratura, pese a que algunas venían promovidas por la Cámara en lo Penal Económico.

La investigación contra Tiscornia que más lejos llegó es la que acaba de obtener dictamen acusatorio, promovido hace tres semanas por el consejero-abogado Santiago Montaña. Se inició en marzo de 2006, a raíz de la denuncia de una empresa que, junto con otras 30, estaba bajo la lupa del juez por contrabando de máquinas de juegos de azar. En este caso, la española Codere dio a conocer que el juez les había pedido a sus directivos una coima de cuatro millones de dólares para favorecerlos. Lo habría hecho, según las constancias que juntaron los consejeros, a través de su padre, Agustín Tiscornia –un ex juez civil removido en 1968 precisamente por cobrar coimas–, y también del empresario Jorge Barck. Ambos intermediarios están citados a indagatoria por este tema en una causa penal.

La causa sobre exportación de armas donde Tiscornia comprometió a Garré se inició en febrero, cuando la Aduana bloqueó el embarque de partes de fusiles que iban a ser vendidas por Fabricaciones Militares a sólo 2600 dólares. En su reciente resolución, el juez anunció, sin fecha, el llamado a indagatoria de la ministra y otros funcionarios (ver aparte).

Tiscornia –concluyó la Comisión Acusación en el caso de las tragamonedas– “comprometió la dignidad de su cargo y su imparcialidad al desviar el objeto de un proceso, dictando múltiples resoluciones contradictorias, demorando la decisión definitiva y posibilitando de este modo que terceros” como “su padre” (también señalado en el dictamen como gestor de sobornos en la causa de la Mafia del Oro) “iniciaran tratativas indebidas”. El texto fue votado por siete consejeros (tres kirchneristas), un número suficiente para que el plenario apruebe el enjuiciamiento. Dos de esos siete, los jueces Luis Cabral y Luis Bunge Campos, proponían una postergación porque, sin discrepar, veían ciertas imprecisiones. “No iba a cambiar mi opinión por lo que hizo Tiscornia”, aseguró Cabral a este diario. Conti, menos sutil, dijo que “pretendió negociar su acusación acostumbrado al toma y daca”. Ante los demás consejeros dijo que es “un mono con navaja”.