Antes del último ballottage porteño, el jefe político del PRO, Mauricio Macri, anunció la necesidad de generar un programa de urbanización para las villas de emergencia porteñas, excepto para la Villa 31 de Retiro, para la cual planteó una erradicación. El anuncio tuvo distintos efectos, entre ellos el rechazo de una parte del barrio y de los curas del Equipo de Sacerdotes para las villas de Emergencia de la Ciudad. En su edición de ayer, Página/12 dio cuenta de esas posiciones e indicó que el Pro ahora dice que la erradicación “fue una frase de campaña” y señaló que esa fuerza política, de todos modos, comenzó a trabajar en el barrio para hacer un diagnóstico de situación. En ese contexto, el PRO pidió al gobierno nacional no sólo la trasferencia de la policía sino de parte de esas tierras. Durante el día de ayer, el macrismo no desestimó ninguna afirmación, pero agregó a través de un vocero que darán a conocer los planes de gestión “cuando asumamos”, “y no antes”.

“Los planes de gestión se van a dar a conocer cuando asumamos, esto es el 10 de diciembre, y no antes”, dijo Iván Pavlovsky, vocero del jefe de gobierno porteño electo y titular del Pro. “Mientras tanto hay una gestión, que es la (de Jorge) Telerman, que está trabajando.”

La Villa 31 tiene unas 25 mil personas asentadas sobre la última franja de tierra ociosa y potencialmente rica de la ciudad. De acuerdo con los cálculos del arquitecto Jaime Sorin, decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA, el asentamiento está sobre tierras del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe) y en menor medida en tierras de Repsol YPF que están valuadas en unos 25 millones de dólares. Por lo menos desde la década del ’90, su ubicación alentó todo tipo de sueños para un desarrollo inmobiliario y comercial todavía pendientes. Están en marcha un proyecto de ampliación de la Avenida del Libertador, el Puerto de Buenos Aires y la autopista Illia, pero con un desarrollo sujeto al destino del barrio, cuya permanencia parece incompatible.

La jurisdicción del gobierno porteño en esas tierras y, por lo tanto, el papel que cumplirá Mauricio Macri próximamente, está dado por el rol del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Según algunos expertos, es “jurídicamente responsable” de los habitantes como encargado de proveer y asistir sus necesidades. Fuera del IVC, hay otro aspecto esencial en juego, que es la titularidad de las tierras. Macri pidió la trasferencia de tierras del Onabe a la ciudad de Buenos Aires. Entre esas tierras está esa zona de Retiro, como le confirmó a este diario José Luis Acevedo, un legislador suplente del macrismo, que quedó a cargo de la elaboración del diagnóstico de situación. Cualquier decisión, de todos modos, deberá contar de una u otra forma con el acuerdo de Nación.

Amalia Aima es una de las habitantes de Retiro, delegada de la manzana 3, candidata a legisladora de la Agrupación Germán Abdala de la CTA y parte del puñado de familias que logró sobrevivir a uno de los desalojos más violentos que recuerda el barrio, uno de los ordenados durante la dictadura militar. “Porque eso sí que era expulsión directamente”, dice. “Ponían a la gente en trasportes para mandar a cada uno a su país de origen, como animales y a tirarlos como animales al conurbano.” Para quedarse, aquellas familias presentaron un amparo, una de las alternativas a las que el barrio recurre cada vez que ve sobrevolar nuevamente una nueva amenaza como éstas. “La gente del barrio no cree que la justicia nos puede dar un derecho, porque mayormente nos dan palo, pero vamos a tener que volver.”

Desde siempre, cada uno de los gobierno que asumió en la Ciudad ofreció alternativas distintas a los habitantes de las villas. Para desalentar los niveles de crecimiento dieron subsidios, accesos a planes de crédito hipotecario, traslados a otros barrios de la ciudad, a sus países de origen o al interior del país. Nada sirvió. “O porque con la plata del subsidio no podía comprar un terreno o una casa y las familias terminaron yendo a otro lugar y los créditos por la falta de trabajo, la gente no tenía trabajo estable y no podía pagar”, sigue Aima. En esa tónica hablan las mujeres que están detrás de una de las capillas del barrio, en pura faena en una cocina. “Si te llevan, no te llevan acá –dice una de ellas– te llevan a la otra parte del mundo, todos mis hijos, mi esposo, tiene el trabajo en la Capital, la mayoría de mis vecinos dice que no se quiere ir.” Por esas experiencias, ellas piensan un programa de urbanización en ese espacio o de autogestión de viviendas en otro lugar con las organizaciones del barrio, partidos políticos y organizaciones externas. Otros, en cambio y a pesar de esas viejas experiencias, quieren partir. Alejandra Andrada es una de ellas. Vecina de una de las manzanas más nuevas en la 31 Bis, su marido trabaja doce horas en el área de mantenimiento de un correo privado porque, dice, menos no alcanza. “Si me dan la oportunidad de pagarme un departamento, me lo pago”, explica. “Mando a mis hijos a un colegio privado como puedo porque estamos tratando de salir, de que sean buenos chicos, y hacemos todo para que no tengan que vivir como nosotros, acá en villa.”