El Ministerio de Justicia anunció que ya están sentadas las bases del sistema que permitirá que, por primera vez, en las elecciones nacionales de octubre, voten los presos sin condena firme en las cárceles de todo el país. Según el último registro de la Cámara Nacional Electoral, hasta ahora hay 25 mil internos empadronados y en condiciones de emitir su voto, aunque si se llegara a completar rigurosamente el padrón de procesados la cifra se acercaría al doble, de acuerdo con estimaciones judiciales. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierten que para garantizar el pleno cumplimiento de este derecho reconocido luego de varios años de batalla judicial, se requiere una fuerte colaboración de los jueces y del poder político.

Lo que hoy parece toda una novedad –que los presos con prisión preventiva ejerzan sus derechos cívicos– es el efecto obligado de una reforma al Código Electoral que el Congreso aprobó en 2004, pero el Gobierno recién reglamentó por decreto en septiembre del año pasado. A su vez, esa reforma fue resultado de un largo derrotero judicial que tuvo entre sus reclamos más efectivos un amparo colectivo presentado por el CELS: la Corte Suprema definió en 2002 la inconstitucionalidad de la exclusión del padrón de los detenidos sin condena.

El decreto que permitió que las urnas traspasen las rejas estuvo impulsado por la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia, a cargo de Alejandro Slokar, y tuvo aportes del CELS. Prevé la confección de un registro de “electores privados de su libertad” que se cerrará a fin de septiembre. Habrá cuartos oscuros y cada preso tendrá una única boleta con varias opciones con un espacio para marcar la fórmula elegida. Las autoridades carcelarias vigilarán la elección, aunque la presidencia y las fiscalías de mesa le podrán tocar a cualquier ciudadano. Si alguno no concurre, un funcionario judicial podrá reemplazarlo. Si un preso no quiere votar, no podrá ser obligado a hacerlo.

“Es una iniciativa orientada a considerar que las personas privadas de la libertad deben volver, integrarse y participar de la sociedad, en disposiciones emanadas del Pacto de San José de Costa Rica”, dijo el ministro de Justicia, Alberto Iribarne. “Es importante que puedan elegir a las autoridades nacionales de la manera más libre y más informada posible”, añadió. Un comunicado de la cartera señala que hay 5072 procesados en condiciones de votar dentro del régimen penitenciario federal en once provincias y que, desde abril hasta ahora, “se ha documentado a 988 personas alojadas en unidades federales”.

En rigor, ésa es sólo una porción de los detenidos con prisión preventiva: la que depende directamente del Ministerio de Iribarne por ser del Servicio Penitenciario. El número, hasta ahora, roza los 25 mil pero debería duplicarse, según las estimaciones expertas. Es un desafío no menor para un sistema acostumbrado a descalificar a quienes habitan las cárceles y, sobre todo, si su condición social es precaria.

“La conformación de un padrón lo más completo posible es una medida imprescindible para que este derecho reconocido a los presos se pueda garantizar en la práctica. Esto requiere que los jueces colaboren y cumplan con informar los detenidos que tienen a su disposición. En varias jurisdicciones, sobre todo en el interior del país, no lo han hecho”, advirtió Andrea Pochak, directora adjunta del CELS. “El Ministerio del Interior, por su lado, debería llevar a cabo una campaña de documentación intensiva de aquí a octubre y los partidos políticos tendrían que garantizar su presencia en las mesas”, añadió la abogada.

La mayoría de esos puntos coincide con planteos de la propia Cámara Electoral, que mantuvo reuniones con el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Federico Ramos, para organizar la elección. Según dijo Ramos a este diario, las dificultades en el armado del padrón están dadas por “la fluctuación de la población penal: por ejemplo, entre mayo y octubre de 2006 ingresaron cuatro mil personas y egresaron 2300”. Ramos también tuvo encuentros con autoridades carcelarias provinciales, aunque algunas faltaron. En algunas provincias los penales dependen de la policía local.

De acuerdo con lo previsto hasta ahora, describe Ramos, “en los grandes complejos, como Ezeiza y Marcos Paz, se irá mudando el cuarto oscuro de módulo en módulo, y en otros más chicos, como Devoto, se habilitará la sección de educación para la elección”. Por su lado, la Dirección Electoral no descarta hacer alguna prueba piloto.

Slokar destacó que “lo valioso” de aplicar esta reforma plenamente es que implica una “politización” que “obligará al sistema de partidos a atender a los intereses que expresen los presos desde las cárceles”. “No bastará –sostuvo– con proclamar el encierro masivo y el trato más riguroso de los presos. La agenda sobre la cuestión criminal deberá ser más compleja.”