La Policía Federal se parece al hijo de un matrimonio desavenido, recién separado y en malos términos: la Nación no quiere cederle a la ciudad la tenencia y, si lo hace, no está dispuesta a pasar la correspondiente cuota para su manutención. El asunto presenta numerosos desafíos para las dos administraciones, especialmente para la futura gestión de Mauricio Macri, que pretende incorporar una fuerza de por lo menos 14 mil hombres –el personal policial involucrado con la seguridad urbana–, pero no ha conseguido la venia nacional para que ese traslado de personal vaya acompañado de los fondos correspondientes o, al menos, una parte de ellos. Esa diferencia es la que podría hacer naufragar la primera sesión especial de la Cámara de Diputados destinada a abordar el tema, prevista para hoy.

“Estamos dispuestos a una negociación razonable”, dijo a Página/12 el diputado Federico Pinedo, jefe del interbloque Propuesta Federal y uno de los principales negociadores del macrismo. Admitió con esa frase que dentro de los cálculos de la futura gestión de la ciudad estaría hacerse cargo de la policía urbana sin el total de los fondos reclamados –unos 900 millones de pesos–, pero sí con una parte importante de ellos. El resto –admite– debería ser solventado por la ciudad, con un aumento de los impuestos, pero “no con endeudamiento –aclaró Pinedo–, porque la ciudad no se puede endeudar para gastos de flujo, que van a ser permanentes, porque los sueldos de la policía habrá que pagarlos todos los meses de todos los años”.

En contra del traspaso de fondos, el gobierno nacional argumenta, en coincidencia con los legisladores del interior del país, que “la Nación no tiene por qué pagar el gasto de una policía local”. Desde el macrismo contestan que eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy.

“Si no hay traspaso y la ciudad crea una policía urbana, con una comisaría al lado de las comisarías de la Federal, ¿qué pasa con los 15 mil agentes de la Federal que hoy cumplen esa tarea? ¿Se van a convertir en ñoquis? Y si hay un hecho delictivo, ¿quién interviene? ¿Van a terminar a los tiros entre ellos?”, se preguntó Pinedo.

La sesión especial de hoy fue convocada por el radicalismo, el ARI, el PRO y el peronismo disidente. Allí está previsto tratar la modificación del artículo 7 de la Ley Cafiero, que le impide a la ciudad tener su propia policía sin consentimiento de la Nación. El proyecto que presentó el macrismo –uno más de los tantos que se van a tratar– incluye la transferencia a la ciudad de “las Superintendencias de Seguridad Metropolitana y de Bomberos, así como también las áreas científicas, de investigaciones criminales y las que ejercen el control del sistema ferroviario y de subterráneos dentro del territorio de la ciudad”. Por supuesto, acompañado de “las partidas presupuestarias correspondientes” a esas dependencias.

Ese requisito también está contemplado en el proyecto que presentó la diputada kirchnerista Juliana Marino, y en las propuestas que hizo durante la campaña electoral el candidato oficialista Daniel Filmus. Pero la semana pasada, el gobierno nacional dejó trascender que no aceptará la transferencia de esos fondos. “Esperamos que todos los diputados que apoyaron a Filmus en este reclamo ahora mantengan esa posición”, chicaneó Pinedo.

Otros inconvenientes

En el esquema presentado por el macrismo no está contemplado el traspaso de la estructura administrativa y logística que hoy sostiene a esos efectivos en la Federal. Según las distintas fuentes consultadas por este diario, esto obligaría a contratar más personal –algo que se contradice con la racionalización predicada desde el PRO– o requerir un traspaso mayor, una porción del aparato burocrático que hoy tiene la policía.

En el macrismo dicen que ese punto estaría resuelto: “La parte administrativa se puede cubrir con la redistribución del personal existente en la actual Subsecretaría de Seguridad –que funciona dentro del Ministerio de Gobierno–, que va a ser el futuro Ministerio de Seguridad”, dijo a este diario el diputado Cristian Ritondo, otro de los referentes del PRO.

En la Policía Federal dicen que el esquema de traspasar sólo las superintendencias de Seguridad Metropolitana y de Bomberos resulta al menos precario, ya que deja afuera otras previsiones: la estructura de la fuerza está organizada para funcionar con trece superintendencias, a las que –según opinan los federales– habría que desmembrar para pasar parte del personal –si no todo– de buena parte de su estructura.

Otro de los puntos no contemplados en los proyectos fundamentales: la formación del personal y su atención social y sanitaria. “Para una primera etapa pensamos en celebrar convenios con la Nación para que la formación académica de la policía pueda hacerse en los institutos que hoy tiene la Policía Federal”, dijo Ritondo a Página/12.

Lo mismo va a ocurrir con el sistema de atención médica, ya que el macrismo promete a la fuerza respetar su obra social y servicios sociales, por lo cual los policías porteños se atenderán en el Hospital Churruca y el sistema médico solventado por el presupuesto nacional. Por lo que se ve, el divorcio no va a ser total ni definitivo.