Los diputados kirchneristas que impugnaron el ingreso de Luis Abelardo Patti a la Cámara de Diputados por “inhabilidad moral” cuestionaron duramente la resolución del procurador adjunto Luis González Warcalde que favorece al ex subcomisario de la bonaerense y ratificaron que acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se expida sobre el “conflicto de poderes”. “Es un derecho constitucional revisar los títulos de los miembros de la Cámara”, “hemos respetado la voluntad popular” y “su derecho a defensa” argumentaron los legisladores que juzgaron la conducta de Patti. También dejaron en claro que no cederán ante la resoluciones judiciales: “no permitiremos que un torturador y genocida se siente en una banca del Parlamento”, sentenciaron.

Casi con los mismos argumentos con que manifestaron su rechazo a la resolución de la Corte Suprema sobre el dictador Antonio Domingo Bussi, los legisladores que impugnaron el ingreso de Patti al Parlamento volvieron a cuestionar el dictamen del procurador adjunto González Warcalde, aunque la decisión final estará en manos de los supremos.

“Primero, la resolución no es vinculante, pero hay varias cosas que nos llaman la atención: que se haya dado a conocer durante la feria judicial; que el adjunto haga propio el fallo de la Corte sobre el caso Bussi, en lugar de tener un pronunciamiento propio en el marco de una consulta; y que vaya en contra de toda la argumentación jurídica que volcó el procurador (Esteban) Righi en el caso Bussi”, dijo a Página/12 el diputado Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.

Desde México, donde participa de la gira presidencial, el diputado Miguel Bonasso fue contundente: “No vamos a permitir que un torturador y genocida ingrese a la Cámara de Diputados”, contestó ante la consulta de este diario. “Vamos a recurrir ante la CIDH porque sin lugar a dudas estamos frente a un conflicto de poderes, entre el Legislativo y la Justicia. Juzgar a nuestros pares en la Cámara es una facultad que nos otorga la Constitución, fue aprobado por dos tercios de los legisladores y le otorgamos derecho a defensa durante tres meses de audiencias a las que nunca asistió”, concluyó Bonasso, impulsor de la impugnación a Patti.

El kirchnerista tucumano Gerónimo Vargas Aignasse ratificó la “justeza” de la actuación de los diputados. “En el ’99, la Cámara no se equivocó con Bussi cuando no permitió que asumiera su banca por inhabilidad moral por mentir sobre sus cuentas en Suiza, y entonces sólo tenía una causa penal abierta. Ahora tiene más de 500 causas que van desde enriquecimiento ilícito hasta genocidio”, dijo a Página/12 antes de embestir contra el dictamen de la Procuración por el tema Patti: “La legitimidad popular tiene un límite. Pensar que el voto popular sobreseyó a alguien que violó las leyes es un disparate”, concluyó Vargas Aignasse.

“Si la Corte Suprema acogiera el criterio del dictamen, el fallo sería de cumplimiento imposible, pues hay una situación jurídica consolidada, ya que en lugar de Patti ingresó otro candidato de su lista”, argumentó la diputada correntina Araceli Méndez de Ferreyra. Dante Camaño se sentó en la banca del Paufe, de acuerdo con la ley electoral, “hasta el final del mandato”. Camaño no abrió la boca, mientras macristas y radicales aseguraron a Página/12, “aunque todavía no conocen los detalles del dictamen”, que mantendrán la misma postura que durante todo el proceso contra Patti: “si no está procesado, debe asumir su banca”.