La estrategia estaba clara. Un día después de que una nutrida movilización marchara por las calles de Río Gallegos para exigirle al gobierno de Santa Cruz un paquete de medidas –una de ellas era la detención en una prisión común del ex ministro Daniel Varizat–, el gobernador Daniel Peralta respondió accediendo a una de las demandas: el aumento salarial. En una cadena de radio y televisión, Peralta anunció un incremento del 22 por ciento para estatales y jubilados. También informó que el aumento será financiado con una parte del dinero depositado en bancos del Exterior por el pago de regalías petroleras. Un capítulo aparte les dedicó a los docentes, el gremio que encabezó las primeras protestas sociales. En su mensaje, Peralta dijo que el sueldo básico de un maestro quedará en 780 pesos y que se formará “una comisión mixta” para discutir presentismo y antigüedad. Quizá sin proponérselo, el diputado Edgardo Depetri desnudó la estrategia del gobierno provincial. “Se prioriza a los que reclaman mejoras salariales y sociales y se aísla a los que se montan en los conflictos para instalar campañas electorales”, sintetizó.

Como siempre que se forma un espacio plural con diversas exigencias, la respuesta de la contraparte fue tratar cada demanda por su lado. Es una forma antigua pero efectiva de dividir a los que hacen los reclamos. Eso es lo que hizo ayer Peralta. El aumento salarial del 22 por ciento beneficiará a buena parte de los trabajadores de Río Gallegos (donde la administración pública tiene mucho peso), pero no se dijo nada sobre los empleados públicos que no dependen del Ejecutivo provincial. Según Peralta, el incremento obligará a que la provincia desembolse “un monto anual de 203.112.000 pesos” que será deducido de la liquidación de regalías por hidrocarburos enviadas al exterior.

En su mensaje por cadena (todo un indicador del clima que se vivía ayer en Santa Cruz), Peralta encontró la forma de mencionar un tema muy polémico para la provincia y al mismo tiempo elogiar en forma indirecta al Presidente. Dijo que los dineros por regalías petroleras habían sido “ahorrados y preservados por administraciones anteriores”. Según la administración provincial, Santa Cruz tiene algo más de 500 millones de dólares depositados en una entidad financiera del exterior que son administrados por el Banco de Santa Cruz, de propiedad de Enrique Eskenazi. En la oposición nacional y provincial descreen de esa cifra. Al anunciar el aumento de fondos, Peralta dijo que su gestión deberá apelar a las regalías porque “los recursos presupuestarios normales resultan insuficientes para afrontar las demandas”.

El aumento para estatales y jubilados estará vigente a partir del 1º de septiembre como adicional remunerativo y no bonificable. Eso significa que el 22 por ciento de aumento no será tenido en cuenta para calcular futuras jubilaciones ni tampoco aguinaldos. Tras el anuncio, la primera reacción de los gremios fue encerrarse para analizar los números. El secretario general del sindicato docente (Adosac), Pedro Muñoz, manifestó su disconformidad y recordó que el reclamo de los maestros era “un básico de 1040 pesos”. “Hoy la canasta básica está superando los 780 pesos y hemos pedido un básico de 1040”, dijo. Muñoz se mostró escéptico con el argumento que había dado Peralta para utilizar parte de las regalías. “Tenemos dudas de que actualmente se destine el 92 por ciento de las erogaciones a salarios”, afirmó.

Como los empleados dependientes del Poder Judicial y de la Legislatura no fueron afectados por el aumento, su situación deberá resolverse en las negociaciones paritarias de cada sector. Todo indica que el panorama se presenta favorable para los reclamos: el propio Peralta instó a las autoridades de ambos poderes a “disponer también de incrementos salariales”. Aunque el gobernador dio por descontada la apertura de paritarias, la Central de Trabajadores Argentinos realizará hoy una jornada nacional de protesta en todo el país para reclamar justamente eso: entre otras cosas, pedirán que se abran paritarias para todos los gremios de Santa Cruz (ver aparte).

La otra parte de la estrategia K para Santa Cruz fue condenar públicamente la actitud de Varizat. Ayer, por primera vez tras varios días de silencio, desde la Rosada hicieron llegar mensajes de repudio al ex subsecretario general de la Presidencia. Paradójicamente, uno de los encargados de retransmitir la opinión del Gobierno fue el obispo Juan Carlos Romanín. Un día después de pronunciar su segundo discurso público con críticas hacia la administración provincial, el obispo de Río Gallegos contó que había hablado con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y que el funcionario le había dicho que la conducta de Varizat “fue deplorable”. Romanín contó que está haciendo un esfuerzo por “mantener a la gente con serenidad porque querían hacer justicia por mano propia, quemarle la casa”. “Hubiera sido un desastre”, admitió.

Varizat sigue detenido en la escuela de policía, a diez kilómetros del centro de Río Gallegos. La jueza Valeria López Reston ya rechazó un pedido de excarcelación presentado por su abogada. Aunque la magistrada lo imputa por lesiones, está estudiando cambiar la carátula a homicidio en grado de tentativa. De las diecisiete personas que Varizat dejó heridas en la calle tras acelerar su camioneta 4x4 y pasarles por arriba, ayer seguían internadas sólo dos. La más grave sigue siendo la docente Marta Guillermaz. Anoche seguía internada en terapia intensiva, asistida por un respirador mecánico. Según el parte médico, en las últimas horas experimentó “una mejoría pero se mantiene en grave estado”.