A juzgar por la resolución que firmó ayer la Corte Suprema, aún se sabe poco y nada sobre la marcha del plan de saneamiento del Riachuelo, que el tribunal exigió el año pasado a los gobiernos nacional, porteño y bonaerense. Los jueces supremos elaboraron un riguroso pedido de informes de once páginas que le enviaron a la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, quien encabeza la Autoridad de Cuenca, creada para instrumentar la descontaminación. Le reclaman precisiones sobre avances, plazos, presupuesto y costos definitivos, además de datos “actualizados y científicos” acerca de las napas subterráneas, la contaminación industrial, las enfermedades, la población en riesgo y su traslado. Para las respuestas, habrá una nueva audiencia pública el 31 de octubre.

El planteo de la Corte es una muestra de disconformidad con el plan de recuperación de la cuenca y las respuestas que dieron Picolotti y sus colaboradores en la audiencia del mes pasado. También es parte de una novedosa actitud que asumió el tribunal en el caso y que contempla “guiar el proceso” y “garantizar su continuidad”. Recién cuando tengan la información que creen indispensable, los jueces decidirán si aprueban la propuesta oficial y si ordenan alguna reparación por daño colectivo.

La resolución agrega que, basada en un crítico informe de expertos de la UBA, la Corte cree “necesario ordenar la recolección de información precisa, actualizada, pública y accesible para poder avanzar”.

A la Autoridad de Cuenca, que fue creada el año pasado pero recién comenzó a reunirse hace un mes, le piden que informe todas las reuniones que tuvo, qué medidas adoptó y si consultó a especialistas nacionales e internacionales. El organismo está integrado por los tres gobiernos, más los ministerios de Planificación, Desarrollo Social y Economía: la Corte insiste en saber cómo se garantiza la continuidad del organismo en el tiempo, qué presupuesto tiene, cómo se financia y se financiará el plan.

Los jueces quieren saber cosas a simple vista elementales –al parecer, desconocidas– como “el estado del aire y del agua en la cuenca” y las napas subterráneas. También apuntan a qué avances hubo en los ejes del proyecto: limpieza de basurales, saneamiento de las márgenes del río, expansión de la red de agua potable y la cloacal, obras de desagüe pluvial y el plan sanitario de emergencia. En cada caso, solicitan saber qué se hizo, la “factibilidad” de que se cumplan los plazos fijados, cuál será el costo final y de dónde saldrá la plata. Y se anticipan: piden que quede claro si se estipuló para el presupuesto 2008 los fondos necesarios.

Hay horizontes variados, muestran Sus Señorías: el sistema de cloacas (con plantas depuradoras), según el plan, estaría listo para 2009; la red de desagüe pluvial demoraría hasta 2015, igual que la de agua potable, donde las tareas se reparten entre AySA y el Ente de Obras Hídricas. ¿Cómo se llegará hasta entonces?, se preguntan. En relación con los basurales señalan que se conoce la limpieza de ocho, pero son un centenar.

Sobre la situación de salud piden datos básicos, aún desconocidos, como el diagnóstico de las enfermedades, la población en riesgo y medidas ya tomadas hasta el momento. Recién con eso, dicen, se podrá elaborar un plan sanitario. Preguntan qué pasa con los traslados poblacionales, cuáles son los planes de urbanización y la cantidad de personas afectadas. Exigen un listado de todas las industrias existentes en la zona, cómo contaminan, qué empresas fueron trasladadas, y cuáles recibirán créditos verdes para reconversión.