La Corte Suprema intentará hacer algún aporte para remediar los retrasos en las causas contra represores. La mayoría de los jueces supremos está de acuerdo en una idea: debería haber un juicio oral por cada centro clandestino que operó durante la última dictadura, que abarque todos los crímenes cometidos en él en lugar de que se hagan múltiples juicios sobre desapariciones o represores aislados. Los jueces supremos debaten, en estos días, cuál sería la forma más apropiada de implementar ese procedimiento. Evalúan firmar una acordada o bien impulsar la sanción de una ley específica.

Las demoras en las causas sobre los crímenes del terrorismo de Estado son tema de preocupación hace tiempo en el alto tribunal, pero lo que las puso sobre la mesa de sus últimos plenarios fue un informe de la Procuración General de la Nación. El documento, revelado por Página/12 hace tres semanas, traza una radiografía del problema, que afecta a más de 800 causas en todo el país, e insta a la Corte a intervenir por distintas vías, como fijar plazos a otros tribunales o terciar cuando una investigación se queda sin juez porque todos se excusan.

El presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, invitó al procurador Esteban Righi a un encuentro, que sería el martes próximo. La intención de la Corte es acordar acciones, pero también dividir responsabilidades. “Muchas demoras responden a decisiones que toman mal o no toman los fiscales”, devolvió un funcionario supremo. Los fiscales dependen, precisamente, de la Procuración.

Sus Señorías, por lo que llevan conversado y pudo saber este diario, creen que no están facultados para marcar en forma directa los tiempos de los juicios. La cuestión de los jueces que se excusan en cadena (especialmente en el interior del país, por relación con los acusados), sostienen en la Corte, sería más fácil de resolver si el Poder Ejecutivo mandara al Senado los cerca de 150 pliegos que viene reteniendo para cubrir juzgados vacantes. Lo que sí analiza el máximo tribunal es impulsar un cambio en el procedimiento que permita unificar expedientes: organizar que haya un juicio por cada centro clandestino y no decenas de juicios sucesivos donde se repitan los imputados y las víctimas se vean sometidas a reeditar una y otra vez el calvario vivido.

“Es algo que venimos pidiendo hace mucho. Sin ir más lejos, el 18 de octubre empieza el primer juicio oral de la causa ESMA donde el imputado es uno solo, Héctor Febres, que ni siquiera es marino, sino prefecto, y se lo acusa por cuatro hechos. Va a haber sesenta testigos que van tener que volver a pasar, quién sabe en cuánto tiempo, por el próximo juicio”, protesta el abogado querellante Rodolfo Yanzón. La abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, Carolina Varsky, coincide en que la unificación de juicios puede “ser una medida positiva en tanto no provoque mayores retrasos”.

En el expediente sobre la ESMA hay unos setenta represores comprometidos, individualizados. El juez Sergio Torres fue cerrando la investigación por años y separó casos como el asesinato del Rodolfo Walsh, las desapariciones del grupo de Madres que se reunían en la iglesia Santa Cruz y la de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon. Esto llevará a que haya muchos procesos orales con protagonistas superpuestos. La megacausa sobre los crímenes del Primer Cuerpo de Ejército está más ordenada: el juez Daniel Rafecas organizó la mayoría de los juicios por centro clandestino o por hechos significativos, como la masacre de Fátima. Sólo elevó, separadas, las acusaciones a un grupo de represores que tenían procesamientos de los ochenta y que las leyes de impunidad habían dejado sin efecto. En La Plata hay una mezcla de situaciones: enjuiciamientos individuales y otros por campos de concentración.

En la Corte discuten si firmar una acordada o promover una ley para lograr una organización de los juicios orales. Al margen, el tribunal no descarta zanjar un asunto de competencia que es otro factor clave de dilaciones: la mayoría de las procesos contra represores, incluso las dos megacausas, están concentrados en uno solo de los seis tribunales orales porteños, el TOF 5. “La Corte podría perfectamente asignar un tribunal distinto por cada centro clandestino”, dice Yanzón. “Debería pronunciarse sobre otros temas, como las detenciones en bases militares en vez de cárceles comunes, los arrestos domiciliarios y las excarcelaciones de la Cámara de Casación pese a la gravedad de los delitos”, agrega.

Las detenciones vip, la necesidad de medidas de contención y protección de los testigos, los obstáculos de la Cámara de Casación, los retardos en las cámaras de apelaciones, las investigaciones paralizadas en las provincias fueron otros señalamientos del informe de la Procuración, que revelan la complejidad del problema. En teoría, la reunión que los jueces supremos tendrán con Righi será para sacar algo en limpio.