Cinco meses después de su elección a la presidencia, Nicolas Sarkozy presentó ayer su principal plan de reformas sociales. El mismo día en que la Asamblea iniciaba los debates sobre un controvertido proyecto de ley de reforma de la ley inmigratoria, que incluye pruebas de ADN para ciertos candidatos a la inmigración a Francia, Sarkozy expuso su estrategia de la nueva Francia social: régimen de jubilaciones, contratos de trabajo, semana laboral, gestión de los organismos de desempleo, prestaciones sociales; todas las promesas hechas por el presidente durante la campaña empezaron a tener contornos concretos, a los que Sarkozy definió como “un nuevo contrato social, profundamente renovado y diferente”.

El presidente trazó las grandes líneas de lo que irá exponiendo en los próximos días. Tal como lo había propuesto durante la campaña, ese “contrato” implica cambios en el corazón del sistema social francés. Los dos más importantes atañen a la semana laboral de 35 horas de trabajo, vigente desde la gestión del primer ministro socialista Lionel Jospin (1997-2002) y los llamados regímenes especiales de jubilación que conciernen a medio millón de trabajadores. Acerca de las 35 horas, Sarkozy reiteró que era preciso avanzar más en las medidas para hacer menos estricta su aplicación. El jefe de Estado no hizo ningún anuncio espectacular sino que fijó como marco de ese cambio una amplia negociación entre las empresas y los sindicatos de cada ramo laboral.

El anuncio más esperado era el de los regímenes especiales de jubilación, un tema explosivo en Francia que en 1995 desencadenó uno de los movimientos sociales nacionales más duros y extensos que haya conocido un país occidental. Por régimen especial de jubilación se entiende un estatuto distinto, con derechos más amplios para ciertas categorías de personas. Sarkozy pidió al gobierno que “reformara sin tardanza” el conjunto de los regímenes a fin de armonizarlos con los que están vigentes en la función pública. Las discusiones entre el gobierno, el patronato, los sindicatos y los parlamentarios comenzarán hoy. Las discusiones no pueden durar más de 15 días, al cabo de los cuales el ministro de Trabajo presentará “los principios comunes de la armonización”.

A lo largo de su discurso, Sarkozy trató de tranquilizar tanto a quienes dudan de su voluntad para reformar como a aquellos que lo acusan de querer hacer pasar las reformas por la fuerza. Tema heredado de su campaña, Sarkozy definió su contrato social como un sistema “basado en el trabajo, el mérito y la igualdad de posibilidades”. El jefe de Estado salió al paso de las críticas de los sindicatos y aclaró que creía en las reformas “a través del diálogo social”. Sin embargo, precisó que permanecería “abierto en lo que concierne a los medios y los métodos, pero no transigiré con los objetivos, ni con los principios”. En suma, como él mismo lo dijo, se trata de conjugar “las necesidades de la acción con la práctica del diálogo social”. Ello equivale a decir que, incluso con las mieles del diálogo, las reformas serán aplicadas.

Las organizaciones sindicales de Francia reaccionaron con vigor a esa Francia social de la era Sarkozy. La CGT fue la más virulenta en su comentario. Su secretario general, Bernard Thibault, observó que todo el peso de las reformas recaía sobre los asalariados. El líder cegetista estimó que Sarkozy no ofreció ninguna respuesta válida a las expectativas de los empleados y llamó de inmediato a la movilización. La CFDT considera a su vez que el ritmo veloz de las negociaciones impuesto por el presidente no se podrá cumplir y que será preciso negociar una agenda más adecuada a lo que está en juego. Ante una propuesta de neto corte liberal, socialistas y comunistas salieron al paso del modelo social esbozado por el presidente. Los comunistas dijeron que Sarkozy quería “dinamitar” el modelo social francés y los socialistas argumentaron que ese “contrato” se parecía a un catálogo de las reivindicaciones del patronato. Los actores están ya en la arena preparando los próximos combates: Sarkozy, la transformación de un modelo que, según dijo ayer, produce injusticias; y la izquierda y los sindicatos, sus banderas y acciones para frenar el alcance de los cambios.