Aunque no se diga públicamente, los investigadores judiciales y policiales están estudiando todas las llamadas recibidas por los tres policías asesinados, en especial las correspondientes a Rubén Alejandro Vatalaro, el oficial al que asesinaron de la forma más brutal ya que recibió 33 puñaladas. Existe incluso alguna idea de que los homicidas –de acuerdo a las huellas, habrían entrado tres al destacamento– conocían el lugar, o sea que al menos uno de ellos estuvo en la planta transmisora anteriormente. Y además es posible que un atacante fuera conocido de los policías porque éstos le habrían abierto la puerta. Como es obvio, se está igualmente relevando la actividad de celulares en esa zona entre las dos y las cuatro de la mañana, horario de los homicidios. Como anticipó Página/12 hay una mirada concentrada en un sujeto que salió recientemente de la cárcel –según parece fue, o es, integrante de una banda de narcos– y que tuvo un enfrentamiento grave, por razones personales, con uno de los policías asesinados. Los investigadores no quieren revelar cuál fue la naturaleza del enfrentamiento, pero sí admitieron que el ex presidiario tiene serios problemas psiquiátricos.

El otro frente en el que avanza la pesquisa es en el barrio Unión, donde fue dejada la camioneta-patrullero que usaron los homicidas después del ataque. En el vehículo hay rastros de sangre, a la que se le pasó un trapo, y que podría ser de uno de los que cometieron el triple homicidio. Se mantiene igualmente la hipótesis de que lo ocurrido en La Plata fue encargado por alguien que quiso producir conmoción y un mensaje. Es que si se hubiera tratado de una venganza de un sujeto casi demente, no se explica por qué participaron tres o más personas ni por qué se llevaron después las armas. Aunque se trate de un triple homicidio por encargo, la mecánica de la investigación es la misma: primero hay que dar con los autores directos de los crímenes y luego recién podrá llegarse a los autores intelectuales.

Las autopsias y las pericias de rastros indican que los agresores entraron al destacamento cuando los dos oficiales jóvenes, Vatalaro y Ricardo Torres Barbosa estaban acostados. Sin embargo, uno se levantó, tal vez abrió la puerta, y murió al lado de la entrada. El ensañamiento mayor fue con Vatalaro, de 27 años, a quien le clavaron 33 puñaladas, algunas de ellas en la cara, pero la mayoría en la espalda. Torres Barbosa recibió 14, también en la espalda. A ambos les quitaron las pistolas Bersa que tenían encima y –esto lo tendrán que confirmar los estudios anátomo-patológicos y balísticos– los remataron con tiros en la cabeza de sus propias armas.

Las características inéditas del ataque, de una atrocidad que casi no registra antecedentes en las últimas décadas, llevan indefectiblemente a mirar si tanto odio y locura tiene que ver con un episodio anterior de la vida de alguno de los tres policías. En especial, de Vatalaro, al que le dieron más puñaladas, pero también de Torres Barbosa o el sargento Pedro Díaz.

Sólo para dar un ejemplo, un criminalista le explicó a Página/12: “Supongamos por un instante que alguno de los policías muertos mantuvo relaciones con la esposa de un preso, algo que rompe los códigos más sagrados. Supongamos que el tumbero sale de la cárcel y decide vengarse. Agreguemos a ello que es un desquiciado, además dado vuelta por la droga. ¿Es capaz de producir un hecho como ése? Y, podría ser. Lo que pasa es que no ocurrió nunca, no encaja que haya ido acompañado en su locura por otros individuos y tampoco cierra demasiado que se hayan llevado la ametralladora y la escopeta que había allí. Esa hipótesis puede ser valedera, pero también puede estar errada”.

Lo cierto es que la teoría de la venganza amerita una revisión de la vida de los tres policías. Este diario ya mencionó en su edición del sábado que existió un conflicto de uno de los policías con un preso que salió recientemente de la cárcel. Se habla de un integrante de una banda relacionada con la droga, aunque no un narco de gran envergadura. La cuestión se mantiene en el más absoluto secreto y se está investigando. Esto llevó también a hacer un análisis de las llamadas que hicieron y recibieron los policías en los últimos tiempos.

La cuestión del robo de las armas llama la atención. La ametralladora Uzi, la escopeta 12/70 y las dos pistolas Bersa de los oficiales son hoy en día brasas calientes. Ningún delincuente con experiencia se quedaría con esas armas: tenerlas encima lleva casi de inmediato a una condena por los asesinatos y, por lo tanto, a la reclusión perpetua.

El dato que aportó la autopsia sobre el horario de los homicidios tiene importancia. La prensa transmisora queda en un lugar relativamente aislado y no son muchas las comunicaciones de celulares que se cursan a esa hora, entre las dos y las cuatro de la mañana. Es seguro que se trabajará en esa vertiente.

El estudio de rastros –adelantado por Página/12– indica que en la camioneta-patrullero que se llevaron los homicidas y que dejaron en el barrio La Unión quedó una mancha de sangre, aunque se nota que la lavaron. Esto indicaría, con alto grado de probabilidad, que uno de los atacantes terminó herido. Eso es probable si se tiene en cuenta que el sargento Díaz, muy corpulento, se defendió y, además, vació todo su cargador en el tiroteo posterior al asesinato de los dos oficiales jóvenes. Por supuesto que con esos datos hay mucha atención puesta en la aparición de heridos en hospitales, clínicas, pero también en los lugares de atención clandestinos a los que recurren los delincuentes. Es igualmente obvio que alguna explicación tiene que haber al hecho de que los agresores dejaron la camioneta en ese barrio. Desde el mismo viernes “se está caminando La Unión”, como le dicen en el argot policial a la recogida de datos entre vecinos, pero también entre los que tienen vínculos non sanctos con los uniformados: dealers, buchones, ladrones, prostitutas, curanderos, cabarets, dobladores de autos, pasadores de quiniela clandestina y todos los que pagan peaje por seguir con sus actividades.

Hay dos datos que este diario no pudo confirmar pero que, según parece, son parte de la investigación que encabeza la fiscal platense Leyla Aguilar. Por algunos detalles del camino que tomaron los agresores, existe la idea de que por lo menos uno de ellos conocía el lugar, o sea que estuvo en la planta transmisora antes. El otro elemento es que se infiere que tal vez uno de los homicidas era conocido de los policías y eso llevó a que mataran a los tres para que ninguno pueda reconocerlo. Sucede que uno de los dos oficiales jóvenes abrió la puerta, aparentemente lo encañonaron, lo obligaron a ponerse en el piso y lo acuchillaron. Murió al lado de esa puerta.

Una de las hipótesis más fuertes es que el golpe de la madrugada del viernes fue contratado para provocar un fuerte impacto en la ciudadanía. Una operación al estilo de la que se hizo con el crimen de José Luis Cabezas, en la que –según la conclusión de la Justicia– fueron contratados delincuentes del barrio platense de Los Hornos. El objetivo podría ser una amenaza para quien asuma como gobernador bonaerense, probablemente Daniel Scioli, y su ministro de Seguridad, casi seguro Carlos Stornelli. El mensaje sería: “Hay que darle mayor poder a la policía, porque de lo contrario ya ven lo que puede ocurrir”. Quienes no creen en esta hipótesis sostienen que el hecho “fue demasiado berreta” –como le dijo un especialista en seguridad a este diario–, con cuchilladas o la huida en un patrullero, cosas que no se corresponden con una operación organizada. También argumentan que los comisarios o ex comisarios hubieran recurrido a un golpe distinto, un secuestro resonante o un asesinato de impacto, más que un triple homicidio contra integrantes de la propia fuerza. Esos mismos especialistas, sin embargo, admiten que la hipótesis de la venganza tampoco cierra del todo y que la idea de un golpe contratado de ninguna manera puede ser descartada.

En la misma línea está la idea de que el objetivo del ataque de la planta transmisora fue incidir en la campaña electoral. La base de esta hipótesis es que no hay antecedentes en las últimas décadas de semejante crimen, con tres policías muertos y sesenta cuchilladas. Todos los especialistas coinciden en que no tiene ninguna lógica delictiva y no responde a los parámetros de un hecho de inseguridad habitual. En cualquier caso, si se trata de un triple crimen que fue contratado para lograr un efecto político, el camino de la pesquisa es el mismo: encontrar primero a los autores materiales.