El 19 de octubre de 1976 moría en la cárcel de Devoto el abogado radical y ex diputado chubutense Mario Abel Amaya por las torturas que le infligieron los represores durante la dictadura. En coincidencia con un nuevo aniversario de estos hechos, la Justicia de Chubut confirmó la reapertura de la causa por la muerte de este dirigente, que fue abogado del gremialista Agustín Tosco y colaboró en la defensa de los militantes de izquierda asesinados en la Masacre de Trelew.

El fiscal federal de Rawson, Fernando Gelves, confirmó la reapertura del caso al informar que ya se notificó sobre la declaración de competencia que dictó el juez federal Hugo Sastre. “De inmediato se tomarán medidas en esta causa que quedó a medias, pero que a mi juicio, con los datos colectados que hay, merecerían la toma inmediata de medidas procesales”, afirmó el funcionario judicial. Para el fiscal, “está acreditada la muerte de Amaya como consecuencia de tormentos sufridos en los lugares de detención y tiene, además, presuntos responsables en las personas de los entonces generales René Azpitarte y Adel Vilas”. Estos últimos cumplían funciones en el V Cuerpo de Ejército con asiento en Bahía Blanca y tenían jurisdicción sobre la Patagonia, desde donde ejecutaron la orden de detención de Amaya, quien murió tras dos meses de apremios ilegales sufridos en distintas cárceles.

“Por lo que tengo entendido, René Azpitarte ya falleció y el general Vilas está muy delicado de salud, pero seguiremos con la investigación hasta cerrar la causa, porque hay otros testimonios importantes para recibir, como por ejemplo el jefe de requisa, que tendrá algo para aportar”, comentó Gelves.

El fiscal ubicó a la investigación en el marco de un delito de lesa humanidad y agendó la declaración de Hipólito Solari Yrigoyen, quien estuvo detenido con Amaya en el Regimiento 181 de Comunicaciones de Bahía Blanca, donde les aplicaron crueles tormentos, y fue uno de los últimos que lo vieron con vida, según él mismo publicó recientemente. La detención de Amaya se produjo el 17 de agosto de 1976, con la única “justificación” de haber ejercido la defensa de los presos políticos. El día 30 de agosto de 1976, tras un pedido formulado al gobierno argentino por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ambos fueron trasladados hacia la ciudad de Viedma, donde los arrojaron al costado del camino y allí los recogió un móvil policial. A partir de ese momento pasaron a tener el carácter de “detenidos legales” y para legitimar todo el procedimiento se los acusó de “vinculaciones con actividades subversivas” y se los colocó en “arresto a disposición del Poder Ejecutivo”.

Tanto Amaya como Solari Yrigoyen habían cesado en sus cargos de diputados al producirse el golpe del 24 de marzo de 1976, pero mantenían una alta representatividad política e investían la calidad de abogados defensores con amplia tradición en el patrocinio a detenidos políticos. Al ingresar al penal de Rawson, recibieron una golpiza que afectó a Amaya irreversiblemente y frente al empeoramiento de su salud se resolvió trasladarlo al Hospital Penitenciario Central de la cárcel de Devoto, en la Capital, donde murió el 19 de octubre de 1976. Solari Yrigoyen quedó encarcelado en Rawson y al cabo de nueve meses fue autorizado a abandonar el territorio argentino.

En septiembre de ese año, cuando llegaron a Trelew “luego de descender del avión recibimos un castigo feroz que se prolongó por varias horas de ese día y en los siguientes y ese trato inhumano, cruel y degradante fue consecuencia directa de su muerte”, recordó el ex senador radical en un artículo periodístico. “Tuve la ocasión de ver por última vez a Amaya en el baño, tenía la cabeza partida, estaba morado por los golpes y hablaba con dificultad, aunque alcancé a escuchar que me dijo: estoy muy mal”.

Amaya era asmático y en la cárcel de Rawson le retiraron el inhalador y todos sus medicamentos, lo que produjo un deterioro tal en su salud, sumado a los tormentos, que le provocó la muerte. Tenía 41 años y era un reconocido militante radical, partido con el cual llegó a diputado nacional, cargo que asumió el 25 de mayo de 1973 hasta que fue apartado por la dictadura.