“Tiene 37 años. Es abogado. Tiene experiencia de gestión pública (...) Es presidente del Partido Recrear para el Crecimiento en la Ciudad de Buenos Aires y colaborador de varias ONG, entre ellas la Cruz Roja Argentina.” La imagen que deja la presentación que en la página web de PRO se hace de Enzo Pagani difiere de la que surge de la causa 34.822/06 que se instruye en la Justicia Nacional en lo Criminal. En ese expediente judicial no se destaca su desempeño en ninguna entidad de bien público, sino que aparece imputado por la comisión del delito de estafa, por el cual ya fue indagado. A Pagani –quien el pasado 3 de junio ocupó el cuarto lugar en la lista de legisladores de Mauricio Macri y resultó electo– se lo acusa del cobro indebido de indemnizaciones por un accidente de tránsito. Su caso se encuadra en una maniobra mayor en perjuicio de varias aseguradoras, ante las que se denunciaban siniestros fraguados en forma simultánea. Esa maniobra tiene como principal protagonista a su entonces suegro, el también abogado Fernando Lloberas, y los involucrados podrían llegar a ser considerados partícipes de una asociación ilícita.

Pagani deslindó su responsabilidad en el caso por el que se lo imputa y la cargó en la mochila de su ex suegro. “Figuro en un poder en un hecho en el que ni siquiera intervine porque Lloberas se tomó el atrevimiento de ponerme a mí como letrado”, aseguró (ver aparte).

El hecho por el que se acusa a Pagani es anterior a su presentación como candidato a legislador porteño. El titular del partido de Ricardo López Murphy en la ciudad pudo transitar la campaña sin sobresaltos, pero la investigación judicial siguió su curso y llegó a un punto que abre interrogantes sobre su futuro.

La causa en la que Pagani aparece involucrado se tramita en el Juzgado Criminal de Instrucción 3, a cargo de Guillermo Carvajal. En agosto pasado, tras un allanamiento a la casa de Lloberas, el magistrado le tomó indagatoria al legislador electo de PRO.

El juez resolverá su situación procesal una vez que concluya la ronda de interrogatorios a los demás imputados en el expediente. Puede procesarlo, dictarle la falta de mérito o el sobreseimiento, pero en ámbitos judiciales tienen una impresión: “Seguro que lo procesa por estafa porque todos los hechos están consumados. Es un caso que va derecho a juicio oral”, analizó uno de los investigadores.

Pagani es el más macrista de la tropa porteña de López Murphy y, como tal, se opuso a establecer una sociedad electoral con Elisa Carrió para las presidenciales del 28 de octubre, cuando el líder de Recrear exploró esa alternativa. “No existe ninguna posibilidad de que nuestro partido apoye una lista que no sea la del PRO”, afirmó entonces.

El nexo de Pagani con el macrismo es Horacio Rodríguez Larreta, el futuro jefe de Gabinete de Macri. Ambos –junto a Enrique Vanossi– se presentaron hace dos años ante la Justicia en nombre de PRO para tratar de impedir que, tras su anunciado pase al kirchnerismo, Eduardo Lorenzo Borocotó asumiera la banca de diputado que había conseguido como candidato macrista.

En las últimas elecciones porteñas, Pagani fue cuarto en la lista de legisladores de Macri, encabezada por Mariano Narodowsky. Fue el primer dirigente de Recrear en la nómina detrás de los también macristas Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal. Ganó ese lugar en una interna de su partido denunciada como fraudulenta por su adversario Jorge San Martino, quien acusó a Rodríguez Larreta de meter mano en su contra.

La causa Lloberas, como se la denomina en el juzgado de Carvajal, arrancó a partir de una denuncia de Manuel Augusto Osorio, un analista de siniestros que detectó irregularidades y reclamos repetidos en varias compañías. Después de un año de investigación, el expediente acumula once cuerpos con datos de más de cien hechos delictivos en perjuicio de las aseguradoras La Caja, La Meridional y Provincia Seguros, ante las que se reclamaba el cobro de indemnizaciones por un mismo siniestro, en la mayoría de los casos fraguado.

El ilícito del que se acusa a Pagani está identificado en la causa como Hecho número 10. Además del titular de Recrear en la Capital Federal, aparece involucrada María Fernanda Orona, con quien comparte su estudio de abogado. Según la denuncia, Pagani y Orona trabajan o trabajaron con Lloberas y procedieron, a través de un poder que a su nombre les otorgó Matías Visca, al cobro indebido de indemnizaciones por los daños provocados a un Citröen C3 en un choque con un conductor de apellido Varic.

La carátula del expediente es “Lloberas, Fernando y otros s/estafa”. La pena prevista para ese delito llega hasta los seis años de prisión y es excarcelable, lo que permitiría eventualmente a los involucrados mantenerse en libertad hasta el juicio oral.

Los investigadores, sin embargo, no descartan estar frente a una asociación ilícita. En ese caso, la pena se eleva hasta los quince años para quien sea el jefe.

La posible aplicación de la figura de la asociación ilícita deviene de la sucesión de hechos similares y con protagonistas que se repiten. El más comprometido es Lloberas, de quien Pagani era yerno en el momento en que se produjeron los hechos investigados y cuya esposa, Mónica Patricia Díaz, también está imputada en la causa.

Los casos implican a funcionarios policiales y miembros de las mismas compañías de seguro estafadas, quienes proporcionaban datos que hacían posible fraguar siniestros para después cobrar indemnizaciones. La mecánica consistía en recurrir a personas que habían sufrido alguna lesión –por ejemplo, hay un hecho que involucra a un joven que cumple funciones en el gobierno porteño y que se quebró un brazo haciendo deportes– y atribuir ese daño a algún accidente.

En algunas oportunidades, a quien se endilgaba la responsabilidad del accidente no formaba parte de la maniobra. Sus firmas y demás datos eran falseados para poder reclamar un resarcimiento ante las aseguradoras damnificadas.