Viernes, 7 de diciembre de 2007 | Hoy
EL PAíS › LOS CRIMENES DE LA ULTIMA DICTADURA EN LA PAMPA
El juez Federal Daniel Rafecas dispuso la elevación a juicio oral y público de doce procesados –tres militares y nueve policías– por la represión ilegal durante la última dictadura militar en la provincia de La Pampa.
Los represores que irán a juicio oral están acusados de treinta casos de secuestros y torturas efectuadas en dependencias policiales que funcionaron como centros clandestinos en Santa Rosa y General Pico.
Los militares que ahora irán a juicio son: el teniente coronel Fabio Carlos Iriart, que se desempeñó como comandante de la subzona, y los coroneles Néstor Greppi, que fue secretario general de la gobernación de La Pampa, y Oscar Cobuta, jefe del regimiento de General Pico.
Los policías imputados, que eran los encargados de llevar a cabo los secuestros, mantener en cautiverio y torturar a las víctimas, son el inspector mayor de policía de La Pampa Roberto Esteban Constantino, el subcomisario Roberto Oscar Fiorucci, quien operó como jefe de Informaciones del grupo; el comisario principal Omar Aguilera, quien se desempeñaba como jefe del grupo; el auxiliar Athos Reta, integrante de los grupos de operaciones e informaciones, y los oficiales Néstor Bonifacio Cenizo, Antonio Oscar Yorio, Carlos Alberto Reinhart, Hugo Marenchino y Roberto Escalada.
Uno de los centros clandestinos de detención de La Pampa funcionó en la seccional primera de la policía provincial de La Pampa. Las víctimas eran alojadas en los calabozos ubicados en el subsuelo. En el primer piso, donde funcionaba el comando de la subzona 14, estaba la sala de torturas. Una de las personas que estuvo secuestrada allí era Zelmira Mireya Emilse Regazzoli, hija del gobernador de la provincia que fue desplazado por la dictadura después del golpe militar. También fueron utilizados como lugar de detención y torturas la comisaría de General Pico y el puesto caminero de Jacinto Aráuz.
En Jacinto Aráuz fueron detenidos y torturados ocho docentes del colegio secundario José Ingenieros, entre ellos el rector del Instituto Carlos Samprón –quien fue detenido en la escuela– y el pastor Gerardo Nansen. Los secuestros se produjeron en el marco de un operativo que estuvo motivado en que un grupo de padres de alumnos había señalado que las clases que se impartían “tenían tendencias subversivas”.
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