La Justicia cordobesa ordenó el desafuero de Carlos Menem. El juez federal de Río Cuarto, Oscar Valentinuzzi, reclamó al Senado que retire los fueros parlamentarios que el ex presidente tiene en su condición de senador por La Rioja para avanzar en la causa en la que se investiga la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995.

Menem tendría que haber declarado ayer frente a Valentinuzzi, magistrado subrogante en Río Cuarto, donde se encuentra radicada la causa. Sus abogados, Carlos Hairabedian y José D’Antona, habían adelantado que no se presentaría. Presentaron dos recursos, uno de ellos para evitar que fuera citado en calidad de imputado. Valentinuzzi rechazó el escrito y optó por dirigirse a la Cámara alta para conseguir el desafuero del senador. Un proceso que, de acuerdo con las propias especulaciones tribunalicias, podría llevar unos 180 días.

Los defensores de Menem señalaron que su cliente “no puede ser considerado en rebeldía” por eludir la indagatoria judicial. Destacaron que precisamente ellos se habían presentado en el expediente para solicitar que no fuera citado como imputado.

La voladura de la Fábrica Militar ocurrió a los pocos meses de que Menem fuera reelecto en la Rosada y cuando ya se conocía públicamente que Argentina le había vendido armas a Croacia, a pesar de que sobre ese país pesaba un embargo internacional dispuesto por Naciones Unidas, y a Ecuador, que libraba la Guerra del Cóndor contra Perú, por un ancestral litigio de límites, del que el país era garante de paz por un protocolo firmado en Río de Janeiro en 1948.

La abogada Ana Gritti, esposa de una de las siete víctimas fatales de la primera de las dos explosiones que hubo en la Fábrica Militar, calificó como “lamentable” la ausencia de Menem en los tribunales federales. Gritti destacó que el desafuero es un paso previo para “procesar” a un legislador. En este punto, consideró como “un absurdo jurídico” el pedido de los defensores de Menem para que éste declarara por escrito. “De esta manera puede declarar un testigo pero nunca un imputado”, subrayó. La abogada, que en su condición de querellante, durante muchos años peleó en soledad para evitar que las investigaciones se cierren sin el esclarecimiento del caso, consideró que por haber sido presidente de la Nación, “uno presume que Menem es un hombre que respeta las instituciones de la democracia, y con más razón al Poder Judicial, motivos de sobra para acudir al llamado de la Justicia cuantas veces sea necesario”.

La secretaria del juzgado de Río Cuarto, Mónica Sánchez, confirmó que para el 6 de febrero de 2008 fue citado el actual embajador en Colombia, general Martín Balza. El militar se desempeñaba como jefe del Ejército en el momento de las explosiones y de la venta ilegal de armamento. La Justicia federal, que consideró que Río Tercero fue el centro en el que se acopiaba el material bélico que luego sería sacado del país, sobreseyó a Balza en esa causa. A pesar de que en su momento, el ex fiscal federal Carlos Stornelli, hoy ministro de Seguridad de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, acusó a Balza por el faltante de armamento del Ejército, el ex jefe militar explicó que su fuerza había firmado un convenio con Fabricaciones Militares para que la dependencia reparara el material que finalmente terminó en los Balcanes y en Ecuador. Luego se corroboró que el convenio presentado en el expediente era “ideológicamente falso”. Es decir que su contenido no se corroboraba con lo que realmente sucedió.