“Doctora, me siento mal, necesito ver a un médico”, le dijo el prefecto mayor Rubén Iglesias a la jueza federal Sandra Arroyo Delgado en medio de su declaración indagatoria. El ex jefe de la sede Delta de la Prefectura Naval está detenido desde la semana pasada porque en esa dependencia estaba preso el represor Héctor Febres, que apareció envenenado con cianuro en su celda vip. La magistrada en principio aceptó que lo trasladaran a una unidad sanitaria de esa fuerza, pero luego suspendió la medida porque fue alertada sobre una reunión que iba a producirse allí con sus superiores para idear una estrategia de defensa. Por estas horas, los investigadores profundizan los peritajes toxicológicos, de rastros e informáticos, y analizan la posibilidad de ampliar las imputaciones a otros miembros de la cúpula de la Prefectura. Ayer el ex presidente Néstor Kirchner aseguró que la muerte de Febres “no es casualidad”.

En un acto de la empresa Aysa en Costa Salguero, Kirchner expresó: “Que pasen ciertas cosas que están pasando no es casualidad”.

La mira de la jueza podría estar enfocada al ex jefe de la Prefectura, que ayer fue pasado a retiro. Según consta en el Boletín Oficial, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, dispuso el “retiro obligatorio del prefecto general Carlos Edgardo Fernández por los hechos que son de conocimiento público”. Estos hechos no se limitan al envenenamiento del represor sino que incluyen las relajadas condiciones de detención que tuvo mientras cumplía la prisión preventiva en varias causas por violaciones a los derechos humanos. Página/12 quiso saber si el Gobierno tomaría medidas al respecto, y en particular a partir del intento de conciliábulo de los prefectos que fue abortado por la Justicia. “Sin comentarios, ya actúa la Justicia”, fue la respuesta de una alta fuente del ministerio que conduce Fernández.

Ayer la jueza había convocado a la viuda de Febres, Stella Maris Guevara, detenida en el caso al igual que los dos hijos del represor, para que realizara un “cuerpo de escritura”, tal como se denomina a una prueba caligráfica. Es que Arroyo Salgado quiere cotejar los trazos de la mujer con cartas que secuestró en los allanamientos. Pero la medida fue suspendida. En diálogo con Página/12, el abogado defensor de la mujer, Martín Orozco, dijo que la familia se fue de la sede Delta a las cuatro de la tarde del domingo 9, y la muerte se habría producido a última hora de ese día o en la madrugada del lunes 10. “No sé quiénes fueron, pero ellos seguro que no”, agregó el letrado, para quien no se trató de un suicidio sino de un homicidio. Orozco destacó que “a la 1 de la madrugada estaba abierto el programa de chat” que Febres tenía en su computadora, y que si a esa hora ya estaba muerto había alguien más en su celda. La estrategia de la familia es señalar al custodio del represor, de apellido Volpi.

Como la escena de la muerte fue alterada, la jueza volvió a ordenar determinados peritajes y avanzar en el análisis del contenido de las computadoras secuestradas. Para eso solicitó a las partes querellantes que presenten peritos en informática.