“Afianzar la Justicia”, dice la leyenda del vitral de la sala de audiencias del Palacio de Tribunales. Arriba está la cruz. Y, por encima, el escudo nacional. Con este marco de fondo, el juez federal Ariel Lijo condenó ayer por primera vez desde la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida a altos oficiales del Ejército. El fallo involucró a siete militares y un ex policía federal y agente de inteligencia.

Waldo Carmen Roldán, Pascual Guerrieri, Carlos Gustavo Fontana, Jorge Luis Arias Duval y Julio Simón entraron a la sala, en fila, en ese orden, poco después de las cuatro de la tarde. Los cuatro primeros llevaban traje. Simón –el único que no es militar–, una camisa rosa. Se acomodaron de cara al juez. El público, compuesto por familiares, sobrevivientes, miembros de organismos de derechos humanos, funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo, sólo veía las nucas. Los otros tres acusados, Cristino Nicolaides, Juan Carlos Gualco y Santiago Manuel Hoya no estuvieron en la audiencia. Sus defensores adujeron razones de salud.

Antes de leer la sentencia, Lijo les dio la palabra a los acusados presentes, todos ex miembros del Batallón de Inteligencia 601. Guerrieri fue el más locuaz. “Rechazo el término represor. Nosotros fuimos soldados pagados por este pueblo que está atrás y a los costados. Salimos a poner orden. No tenemos cara de asesinos, tenemos cara de soldados que cumplieron con su deber”, dijo parado y micrófono en mano.

Luego, el juez leyó el fallo, que por sí mismo rebatió la proclama de Guerrieri: “Las constancias reunidas, la realidad y contexto histórico en los cuales se sucedieron los hechos tratados en este juicio, dan cuenta del desarrollo entre los años 1976 y 1983 de un plan de estado sistemático, elaborado fuera de todo marco legal llevado a cabo por las fuerzas militares, con la colaboración de fuerzas de seguridad y civiles”.

En el marco de ese plan, en el que la sentencia destacó que fueron cometidos delitos de lesa humanidad, los ocho represores fueron condenados por los secuestros de Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky. Los cinco primeros, apresados entre el 21 y el 29 de febrero de 1980, eran parte del grupo de exiliados que decidió regresar al país como parte de la llamada operación de Contraofensiva organizada por la agrupación Montoneros.

Tolchinsky fue secuestrada en septiembre de ese año mientras intentaba salir por el paso fronterizo mendocino de Las Cuevas. Es la única víctima de esta causa que logró sobrevivir a su cautiverio y su testimonio fue una pieza clave en el juicio. La mujer estuvo detenida en varias quintas cercanas a la unidad militar de Campo de Mayo y vio o escuchó a otras personas secuestradas. También reconoció a los represores.

Tolchinsky fue llevada un tiempo al paso fronterizo de Paso de los Libres. Allí fue vigilada de cerca por Simón, el Turco Julián. “Recibí siempre un trato muy vejatorio y humillante de su parte. Una vez detuvo un micro de un colegio judío y les clavó alfileres en las fotos de los documentos de los chicos, era una persona que creía en la magia negra. Me contó cómo torturaba gente, que una vez volvió loco a un chico torturándole la cabeza. Era repulsivo y a mí me daba muchísimo pánico. Al poco tiempo de llegar a Paso de los Libres viene con un cuadro y me muestra la foto de mis hijos tomada desde adentro de la casa de mi suegra, como demostrando que él podía llegar a cualquier lugar. Esto generó sentimientos encontrados, por un lado que después de dos años pude ver a mis hijos y por el otro el pánico de saber que él podía llegar a donde quisiese. Resulta difícil transmitir el horror”, contó la mujer. Lijo recordó ayer esta declaración. Mientras la leía, Simón sonreía.

El testimonio de militares, ex agentes de inteligencia, el de la mujer de un represor de Campo de Mayo, documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos y un informe del propio Batallón de Inteligencia rescatado del archivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, además del relato de los familiares de las víctimas, se conjugaron para que el juez diera por probados los secuestros y torturas y la asociación ilícita por la que fueron condenados los ocho represores. Nicolaides, Arias Duval y Hoya recibieron 25 años. Gualco, Roldán y Simón, 23. Fontana, 21, y Guerrieri, 20.

Después de la sentencia hubo aplausos. Y cuando los condenados salían de la sala se escuchó un grito: “En la cárcel se van a morir”. Los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que llevaron adelante el proceso, salieron conformes. El fiscal Jorge Alvarez Berlanda anunció que apelará el fallo, pero porque el viejo código de procedimiento lo indica, ya que no todos los represores recibieron la pena que él había pedido: 25 años. Como esta causa se rige por ese código, el proceso fue escrito, pero Lijo accedió, a pedido del CELS, a “oralizar” la etapa final.

“Es un paso importante”, señaló el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, antes de retirarse de la sala. “Hace más de 25 años que espero este día. Que cumplan la sentencia y que nadie les acerque una pastilla de cianuro”, dijo Cristina Zucker, hermana de Pato Zucker y querellante. Ana María Abalos, mamá de Verónica Cabilla, señaló: “Ahora hay que lograr que vayan a cárceles comunes. Además, todavía no sé qué pasó con mi hija. No sabemos dónde están ella ni los demás”.

En el fallo, Lijo ordenó profundizar la investigación sobre la responsabilidad que pudieron tener los jefes de las áreas militares en estos crímenes y mencionó que el hecho de que cinco víctimas siguieran desaparecidas “ocasiona un tormento adicional para sus familiares por el que (los condenados) también deben responder, que perdurará en el tiempo, así como también para el resto de la sociedad argentina”.