“Estoy conforme. Pero no se olviden de que ésta es la primera etapa. Hay policías de la brigada que están detenidos”, dijo Emilse Silva, madre de Diego Peralta, apenas el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, Carlos Rozansky, terminó de leer las condenas y la absolución del caso a cinco de los acusados, el Chelo Cejas, Julio César Rotela, el Chaca Pereyra, la Gorda Rosita Pistillo y el Bati Báez a reclusión perpetua. El Chino Shimabukuro recibió diez años y José García, 5. El remisero Fermín Amarilla fue absuelto. Tanto García por haber cumplido la condena como Amarilla por inocencia salieron libres en el acto. Cuando Emilse mencionó a los de la brigada se refería al ex subcomisario de la DDI de Lomas de Zamora, José Hernández, y su equipo, detenidos y acusados de participar en una típica tautológica de la Bonaerense: investigar secuestros mientras tenían un comerciante secuestrado en la DDI.

Diego Peralta, de 17 años, fue secuestrado la mañana del 5 de julio de 2002, en la localidad bonaerense de El Jagüel, cuando se dirigía en un remis conducido por Amarilla al colegio privado al que asistía. El chico fue trasladado a una vivienda del barrio Los Plátanos, en Berazategui, donde lo mantuvieron dopado con tranquilizantes mientras pedían a Luis Peralta 200 mil dólares de rescate, suma que creían que el padre de Diego tenía guardada en su casa.

Durante la investigación inicial, la causa estuvo plena de absurdos, errores, vacíos y situaciones anómalas. La mayor fue que el subcomisario Hernández, que dirigía la investigación, fue detenido acusado por un comerciante de El Jagüel de haberlo retenido secuestrado en su despacho mientras le exigía para liberarlo que le entregara un rescate. Hernández estuvo detenido y lo sorprendente es que luego fue liberado y retomó su ardua tarea de investigación tanto en el caso Peralta como en el secuestro del padre de Pablo Echarri.

Inicialmente, el juez federal de Lomas de Zamora, Carlos Ferreiro Pella, había tomado como cierta la versión de no participación policial en el secuestro. Detuvo a 17 personas de las cuales más de la mitad quedaron libres por falta de pruebas. La versión de que no había policías inmiscuidos fue poco menos que obvia: la dio nada menos que Hernández, quien aseguró que los datos los tomó de la “minuciosa declaración de Cejas”. Ayer, Marcelo “Chelo” Cejas, en su momento de alegato previo a la lectura de la sentencia, poco menos que reconoció su papel en la historia cuando reconoció que toda su declaración “fue la verdad”, pidió “disculpas a los padres de Peralta” y agregó que “soy un arrepentido pero para los pibes soy un buchón”, dijo. El chaleco antibalas que llevaba colocado daba la impresión de que confirmaba su discurso.

Según la confesión de Marcelo Cejas, el 8 de julio la banda ya tenía pensado asesinar a Diego porque estaban convencidos de que el padre no quería pagar la suma y porque creían que Diego les había visto los rostros y los reconocería. De todos modos, continuaron con la negociación por el rescate. Según los forenses, el chico fue asesinado entre el 8 y el 13 de julio de 2002 y el rescate fue pagado el 20 de julio. Ese día, Peralta acordó el pago de 9 mil pesos y 2 mil dólares. La llamada fue interceptada por la SIDE, que puso en alerta a Hernández. Lo paradójico de la situación es que ese día Hernández estaba preso por aquello de la función tautológica.

De los acusados, el Chelo fue el único que reconoció lo hecho. El resto se declaró inocente o rechazó la posibilidad del alegato final. Rotella se dirigió a su familia para decirle que “no tengo absolutamente nada que ver. Me molesta mucho que piensen que yo participé. Ellos (su familia) me conocen bien y saben qué clase de delincuente soy. Saben muy bien que en la calle yo uso pistola, no cuchillo, y si tengo que matar a una persona, la mato a tiros”. David Pereyra sostuvo que “fui condenado por la Justicia mediática”; Lauro Shimabukuro y Fermín Amarilla se dijeron inocentes y pidieron justicia. Al único que le creyeron los jueces fue a Amarilla, quien fue absuelto. Enrique Báez y Rosa Pistillo prefirieron no hablar.

Los cinco condenados a perpetua lo fueron por ser considerados como autores del secuestro extorsivo agravado (por haberse obtenido su fin, que era el cobro de un rescate) y homicidio triplemente calificado por ensañamiento y alevosía, por haber actuado en forma premeditada dos o más personas, y para ocultar otro delito (el secuestro) y asegurarse impunidad. Shimabukuro no fue condenado por el homicidio y por ese motivo su condena se redujo a diez años; y García recibió cinco años como coautor de tentativa de extorsión, mientras que Amarilla fue absuelto del cargo que le enrostraba el fiscal como partícipe necesario del secuestro.

Cuando el presidente del tribunal, Carlos Rozansky, terminó de leer las sentencias, los padres de Diego aplaudieron a los jueces Rozansky, Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo, quienes condenaron ya a Christian von Wernich y Miguel Etchecolatz.

En agosto de 2003, Emilse Silva había dicho a Página/12: “No voy a parar hasta que se haga justicia, hasta que todos los involucrados estén presos”. Ayer, después de los aplausos, sostuvo que “estoy conforme pero voy por más porque ésta es la primera instancia. Hubo policías que hicieron mal la investigación, en la que a Diego no lo buscaba nadie”.

De hecho, el abogado querellante, José Vera, pidió al tribunal que se extrajeran copias del expediente para remitir a la fiscalía de turno para que investigue por encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público a los policías que trabajaron en el caso.

Se refería, en concreto, a las tautologías del ex subcomisario de la DDI de Lomas de Zamora, José Hernández, y su equipo. Emilse Silva dijo que “se va a investigar también al juez (Carlos) Ferreiro Pella. Esta es una primera etapa muy esperada, muy peleada, en cuanto a que se cerraron muchos caminos, pero voy a seguir peleando, buscando la verdad”.