A la mayor parte de los militares condenados ayer por el juez federal Ariel Lijo no se les conocía el rostro. En algunos casos aún se ignoran sus alias y se desconoce si participaban o no de sesiones de tortura. Se sabe con certeza, en cambio, que sin el aporte de esos anónimos oficiales que en las sombras del Batallón de Inteligencia 601 procesaban testimonios obtenidos a fuerza de picana, redactaban informes para destacamentos de todo el país y señalaban “blancos” que los grupos de tareas debían secuestrar, el mundo no hablaría hoy del genocidio argentino.

En el extremo superior de la cadena de mandos entre los condenados se ubica el general Cristino Nicolaides, jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo al momento de los hechos. El sargento Nelson González contó hace diez años que fue Nicolaides quien ordenó fusilar a Ricardo Zuker y demás secuestrados en el polígono de tiro de ese centro de exterminio, el mayor del país. Ya en 1981 el entonces jefe del Cuerpo III relató orgulloso ante 600 personas la captura de “dos células guerrilleras” provenientes del exterior y agregó que “tuve oportunidad de hablar con uno de esos delincuentes”. Confesión de parte.

En el extremo inferior se ubica Julio Simón, el único policía condenado, único preso en Marcos Paz, único que no vistió traje para las cámaras y que no escuchó inmutable el fallo. Después de sobrepasar todo límite de crueldad y sadismo en el circuito Atlético-Banco-Olimpo, al Turco Julián le tocó custodiar –a su manera– a Silvia Tolchinsky, que sobrevivió para contarlo.

El coronel Jorge Luis Arias Duval, jefe de la central de reunión del 601 de la que dependían los grupos de tareas, se hacía llamar Ratón o Arizmendi. Tolchisnky lo padeció más de una vez. La primera le propuso dar una conferencia de prensa para desmentir la existencia de desaparecidos. La segunda le preguntó si le convenía comprar dólares y no ocultó su prejuicio antisemita. “Sos judía, tenés intuición económica”, dijo. Junto con el coronel Alberto Roque Tepedino, jefe del 601 aún impune, autorizaron a uno de sus hombres –que usaba el nombre falso Jorge Contreras– a brindar detalles de sus tareas mundanas al oficial regional de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, James Blystone.

El personal civil de inteligencia Santiago Manuel Hoya se hacía llamar Pancho o Villegas. Tenía a su cargo grupos operativos y era jefe de quienes custodiaban a los cautivos. “Le tenían un temor reverencial”, recuerda Tolchisnky.

Sobre el jefe de operaciones Pascual Oscar Guerrieri, el jefe de la división Inteligencia General Subversiva, Juan Carlos Gualco, y los miembros de la central de reunión Carlos Gustavo Fontana y Waldo Carmen Roldán, las constancias más contundentes de su pertenencia a la asociación ilícita que derivó en sus condenas son sus propios legajos. Más que a cualquier otro, a ellos les cabe el anonimato del primer párrafo.

En agosto el Ejército respondió al juez que el Batallón de Inteligencia 601 era “una formación” encargada del “proceso intelectivo” que consiste en “el análisis de dos o más informaciones”.

Bastante más útil para comprender qué fue en los hechos el Batallón 601 hasta su clausura a fines de 1985 y por qué ocho de sus ex miembros no podrán salir más a la calle son sus propios documentos, que detallan los secuestros pero no el destino final de sus víctimas, y sobre todo los desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, inobjetables aún para los propios imputados.

En abril de 1980 los oficiales de la Embajada de Estados Unidos tomaron nota sobre caídas de militantes, apuntaron que “la operación había sido desplegada por el Batallón de Inteligencia 601” y que los cautivos estaban en la “prisión secreta de Campo de Mayo”. Dos meses después el oficial Blyston deja constancia de que nuevos cautivos “serán interrogados y –he aquí la palabra clave– desaparecidos permanentemente”. En agosto los norteamericanos llegaron a considerar que la junta era “prisionera” de las decisiones del 601, que el gobierno “ha sido avergonzado e importunado” por su trabajo sucio y, precisaron, “la desaparición es trabajo del 601”.