El coronel Pascual Guerrieri dijo que él y sus colegas de la inteligencia del Ejército no eran represores y que habían cumplido con su deber durante una guerra revolucionaria que se libró sin tambores, clarines, frente ni retaguardia, para poner orden en la sociedad. Agotó así el pobre repertorio de justificaciones para lo que los tribunales nacionales e internacionales consideran crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina.

El resto de los procesados se abstuvo de declarar y algunos acusaron problemas de salud para no presentarse ante la Justicia. El último comandante en jefe del Ejército durante la dictadura, teniente general Cristino Nicolaides, ingirió suficiente sal como para producirle un cuadro de hipertensión. Siguió así el modelo del dictador chileno Augusto Pinochet cuando simuló demencia en Londres para escapar al pedido de extradición de España y volver en buena salud a Chile.

Quien ayer puso algo de orden fue el juez federal Ariel Lijo al pronunciar, en la misma sala en la que hace dos décadas fueron condenados Videla, Massera & Cía, el primer fallo contra militares después de la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Esta vez no se juzgó a un solo represor, sino a un grupo significativo, encabezado por Nicolaides e integrado por media docena de coroneles del Batallón 601 de Inteligencia. Según el fallo, esa unidad operativa fue un núcleo central de la represión, que con sus distintos grupos de tareas se desplegó en todo el país. Hasta ahora el día del juicio sólo había llegado para dos policías y un cura católico.

Guerrieri también dijo que no tenían cara de asesinos sino de soldados. Pero no fueron juzgados por portación de cara sino por crímenes bien probados pese a la clandestinidad de las operaciones criminales con que se buscó impedir su esclarecimiento y encubrir a sus autores.

Documentos de las propias Fuerzas Armadas describieron la estructura de la represión en zonas, subzonas y áreas. Informes del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de Estados Unidos corroboraron la desaparición de los militantes secuestrados al regresar al país en 1980. Su desclasificación y envío a la Argentina hace cinco años a solicitud de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y del CELS mostró hasta qué punto los jefes de la dictadura habían quedado solos.

Un policía afectado a un control de rutas narró el momento de la detención de uno de los desaparecidos. Una mujer contó que su esposo, sargento del Ejército, trajo de Campo de Mayo el collar de la adolescente Verónica María Cabilla y el documento de Ricardo Marcos Zuker, asesinados en ese campo de concentración que dirigía Nicolaides. La hija de la mujer vio a su madre llorando mientras lavaba la camisa del sargento, manchada con sangre.

El fallo leído ayer obra como una respuesta oportuna a quienes intentan impedir el avance de la justicia, con episodios como la desaparición de un testigo en La Plata y la muerte por envenenamiento de un prefecto procesado en el Tigre. Ayer se vio que la impunidad no es una maldición ineludible. Pero las cosas no ocurren tampoco por generación espontánea.

Ordenar los juicios por campo de concentración, para que se perciba el carácter sistemático y masivo de los crímenes y evitar a los testigos la traumática repetición de sus padecimientos en un proceso tras otro; desconcentrarlos, para que diversos tribunales puedan realizar sus audiencias al mismo tiempo; proveer los cargos en los juzgados vacantes o a cargo de suplentes provisorios; dotarlos de los recursos materiales y humanos para que las causas progresen a buen ritmo; alojar a los procesados en verdaderas cárceles es la tarea que los cuatro poderes del Estado tienen por delante para que, de una vez por todas, el horror quede atrás.