Treinta años después de haber convertido a la mayor unidad naval porteña en un gigantesco centro de tortura, los oficiales de la Armada imputados por crímenes en la ESMA están comenzando a comprender lo que significa ser un preso común en la Argentina. El viernes, a menos de 24 horas del traslado al penal de Marcos Paz, el abogado Alfredo Solari consideró que permanecer en una “cárcel civil” implica un “tratamiento indigno, degradante, persecutorio y carente de justificación histórica, humana, jurídica y constitucional”. Ayer, el ex partero de la ESMA, Carlos “Tomy” Capdevila, y el capitán Antonio Pernías fueron trasladados al Hospital Naval (ver aparte), en tanto el abogado Juan Martín Aberg Cobo (h) le solicitó al juez federal Sergio Torres que devuelva a sus pupilos a la prisión VIP de la base de Río Santiago.

Desde la reapertura de la causa en 2003 hasta julio pasado, Astiz, Acosta & Cía. permanecieron en sus alojamientos “naturales”: bases de la Armada. Pese a reclamos de querellantes, fiscales, a una resolución de la Cámara Federal porteña y reiteradas sugerencias del Poder Ejecutivo para separarlos de los camaradas activos, el juez Sergio Torres se mantuvo inflexible.

El 17 de julio, por sugerencia del Ministerio de Defensa, el magistrado aceptó trasladar a los marinos al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, donde comparten duchas con represores del Ejército. Desde entonces y hasta la semana próxima, cuando sean reemplazados por agentes del Servicio Penitenciario Federal, suboficiales del Ejército se encargan de la custodia interna y gendarmes, de la externa. Esa compañía tampoco los satisfizo. Sus abogados presentaron un hábeas corpus, recurso previsto para cuando corren riesgo la vida, libertad o integridad de una persona, para que les devolvieran sus celulares y el acceso a Internet.

El 10 de diciembre apareció el cadáver del prefecto Héctor Febres, envenenado con cianuro en su dúplex de Prefectura. Al trascender sus privilegios –que ya habían sido denunciados ante el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el juez Torres conocía–, el magistrado dispuso trasladar a los marinos a una unidad custodiada por el SPF. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos eligió el penal de Marcos Paz.

No bien llegaron a la cárcel real, el abogado Solari –defensor de Raúl Scheller, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Savio, Carlos José Pazo y Alberto Eduardo González– reclamó que se “reponga en forma urgente (a sus asistidos) a un alojamiento en guarnición militar”. Su colega Aberg Cobo (h) –defensor de Pernías, Alfredo Astiz y Rogelio Martínez Pizarro– fue más preciso: pidió que se consulte a la Armada si tenía “alojamiento disponible y suficiente” en Río Santiago aunque, concedió, “bajo vigilancia y supervisión del SPF”. Como alternativa propuso habilitar el predio donde funcionó la Escuela Naval Militar, que “tiene mejores condiciones de seguridad que el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas”. Agregó que dispone de “dos perímetros de vigilancia exterior” y no uno como Campo de Mayo, además de “habitaciones de sobra para albergar a los procesados y a todo el personal de SPF que debe vigilarlos”.

Aberg Cobo (h) le recordó al juez que los represores están “procesados y no condenados”. También solicitó un certificado en donde conste su calidad de defensor para poder reunirse “de manera personal y privada, sin vidrios, puertas, paredes o mamparas que nos separen”, pues lo contrario “contraviene expresamente la Carta Magna”.