Los asambleístas de Gualeguaychú se reunieron por primera vez con el gobernador entrerriano Sergio Urribarri, al que le llevaron reclamos puntuales en su pelea contra Botnia: le pidieron desde la modificación del código aduanero para prohibir la exportación de madera e insumos a las pasteras, hasta la incorporación del tema ecológico como materia en todos los niveles de educación provincial. También reafirmaron su decisión de mantener los cortes de ruta como herramienta ante la política de hechos consumados del gobierno uruguayo”. Urribarri les prometió mantener un diálogo “directo y fluido a agenda abierta” y seguir adelante con la causa judicial iniciada por la gobernación contra los directivos de la compañía finlandesa.

La reunión en la Casa de Gobierno de Entre Ríos duró casi dos horas. Urribarri recibió a los representantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú junto al vicegobernador José Lauritto y varios funcionarios. Los asambleístas llegaron ayer a Paraná junto al intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, y una lista de reclamos.

“Planteamos la reforma al Código Aduanero; la continuidad del abogado Juan Carlos Vega al frente de la causa judicial contra Botnia iniciada por la gestión de Jorge Busti; nuestra oposición a la construcción sobre la cuenca del río Uruguay de la represa hidroeléctrica de Garabí (proyectada entre Argentina y Brasil, a la altura del límite con Corrientes) y la inclusión de la materia Ecología en todos los niveles educativos de la provincia”, relató Vargas a Página/12.

Urribarri compartió las preocupaciones con los asambleístas y se comprometió a llevarlas hasta la Casa Rosada. Los asambleístas se encargaron de poner sobre la mesa el tema más urticante para el gobierno provincial: los cortes de ruta. “El gobernador no nos hizo ningún planteo, pero nos pareció justo sincerar la situación. Le dijimos que íbamos a mantener los cortes en Gualeguaychú y que respaldaremos la decisión de los asambleístas de Colón de cortar por tiempo indeterminado el paso a Paysandú –explicó Vargas–. Es la única herramienta que tenemos, hasta que se conozca el fallo de La Haya, para enfrentar la política de hechos consumados de Uruguay.”