Con los votos de la Coalición Cívica, el macrismo logró aprobar en la Legislatura la intervención a la Obsba. En una sesión en la que sufrió críticas de tres bloques de izquierda, votaron una ley consensuada con los lilitos en la que facultan al Ejecutivo para intervenir la obra social –con lo que interpretan que saltean el fallo judicial adverso (ver página 8)– y crean una comisión que trabajará en un proyecto de reconversión. El kirchnerismo y el ibarrismo no asistieron a la sesión, para no convalidar un acto “que pone en crisis la institucionalidad”. Minutos después de aprobada la ley, el jefe Mauricio Macri dio un breve discurso en el que felicitó a propios y lilito y consideró que “la jueza y el fallo que llevó adelante no tiene que ver con los valores que defendemos”. “La intervención continúa”, informó.

Por la mañana, cuando se conoció el fallo de la jueza Elena Aramburu de Liberatori, que dejaba en suspenso el decreto de intervención, la cúpula del gobierno porteño se reunió a evaluar cuáles eran los pasos a seguir. En lugar de ratificar el decreto, resolvieron impulsar la intervención a través de una ley. Sin embargo, Sutecba ya advirtió que hará una nueva presentación judicial en cuanto el jefe de Gobierno vuelva a disponer la intervención. Por su parte, el titular del bloque PRO, Oscar Moscariello, interpretó que “es imposible que se presente un amparo sobre la ley. Sólo se puede hacer el control de constitucionalidad, que corresponde al Supremo Tribunal porteño”. “El fallo no tiene que ver con la ley: es respecto al decreto”, completó el vicepresidente primero Diego Santilli, quien dedicó buena parte de su día a consensuar con Enrique Olivera el proyecto en común.

El texto final de la ley cívico-macrista agregó un artículo a la cabeza del proyecto de los lilitos: el que faculta al Poder Ejecutivo para intervenir a la Obsba por 180 días, con la posibilidad de que se prorrogue por otros 180. También incluyó –a pedido de la CC– la obligación del interventor de convocar a la Auditoría General de la Ciudad para que haga controles sobre su tarea y envíe informes cada 90 días a la Legislatura.

La ley también creó una comisión que deberá elaborar un proyecto de reconversión de la obra social en 120 días. La integrarán cinco representantes por el Ejecutivo, el Legislativo y los sindicatos, aunque no estaba claro si se incluiría a ATE. El informe que produzca la comisión no será vinculante. La creación de este grupo de trabajo era la condición que había puesto la CC para dar quórum en la sesión.

Así, la tarde de verano encontró en el recinto a los 28 legisladores macristas y los seis de la CC. En el bloque macrista había por igual rostros pálidos y profusamente bronceados, ya que sus legisladores debieron volverse para votar desde las playas más remotas. Como puntapié inicial, Moscariello recordó que el kirchnerismo había reclamado en varias oportunidades la desregulación, “incluido Alberto Fernández”.

A la sesión se sumaron únicamente los legisladores Liliana Parada y Martín Hourest (Igualdad Social), Patricia Walsh (Nueva Izquierda) y Julián D’Angelo (Partido Socialista). Por casualidad, las bancas de los tres bloques están distribuidas en los extremos izquierdo, derecho y en el centro del recinto, por lo que la carrada de críticas que lanzaron se pareció un poco a un partido de ping-pong. Entre los tres se robaron el protagonismo de la sesión, con la CC y los macristas a la defensiva.

Hourest, quien también ostentaba su bronceado, fue varias veces insultado por una barra de Sutecba cuando se acordó del papel de Amadeo Genta en los noventa (ver aparte). El legislador de la CTA consideró que “la desregulación es un negocio fenomenal: van a engordar la medicina privada y, por otro lado, vetaron el laboratorio estatal”. Recordó que el interventor que designó Macri depende de Hacienda y no de Salud. “La libre opción es un principio mentiroso y heredero de los noventa”, dijo.

D’Angelo sostuvo que Macri “critica los DNU de Kirchner, pero hace un mes que gobierna de emergencia”. El legislador, que responde al titular del PS, Roy Cortina, denunció que el gobierno porteño “intenta vaciar la obra social como prenda de negociación por los despidos”. Y comparó la medida macrista con “los noventa, donde hubo despidos masivos que nos llevaron a los altos índices de desocupación”. También aprovechó para correr por izquierda a la CC: “Lo único que hacen es darles un cheque en blanco a Macri y convalidar sus políticas antipopulares”.

Walsh fue más lejos: los acusó de “maquillar un hecho político intragable” como la intervención macrista. “Son la política neoliberal. Son los noventa. Lo que les preocupa no es la salud de los trabajadores, sino los negocios que puedan hacer con la obra social. ¡Y esos negocios tienen de cómplice a la CC! ¡Qué vergüenza!” Walsh también se quejó porque recién recibieron el proyecto de ley a las cinco de la tarde. “Legislar de ese modo será PRO, pero no es razonable”, ironizó la legisladora, quien aprovechó para burlarse de Macri: “Empieza despidiendo miles de trabajadores, en nombre de los vecinos, ¡del buen vecino y la buena vecindad! ¿Cómo se usa la palabra vecino, ahora? ¿No?”, acotó.

Algunos de los legisladores de la CC se veían más incómodos que otros. Olivera no respondió a las críticas, sino que argumentó a favor de su proyecto de crear una comisión interdisciplinaria. Quien tuvo a cargo las respuestas fue Diana Maffía, que tuvo varios idas y vueltas con Walsh. “Ya dijimos que los despidos nos parecen injustos y arbitrarios. Lo que hacemos es salvaguardar los derechos del trabajador al incluir a los sindicatos en la comisión”, argumentó. Por su parte, Sergio Abrevaya le puso pimienta a la respuesta: “Le recomiendo al socialismo que no le vote todo a favor al macrismo porque, claro, después se siente mal”. Finalmente, el proyecto se aprobó por 34 votos a 4. Y el Jefe tuvo su ley.