Desde Madrid y Barcelona

España vivirá una semana prácticamente sin abortos. La mayoría de las clínicas privadas –una cincuentena, según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), mayoritaria en el sector– cierra sus puertas del 8 al 12 de enero para reclamar mayor seguridad jurídica para las mujeres y los profesionales que trabajan en ellas.

Estos centros, que realizan casi el 98 por ciento de los abortos en España, denuncian que están recibiendo “presiones”, sobre todo desde que las clínicas del doctor Carlos Morín fuesen cerradas en Barcelona y éste acusado de practicar supuestos abortos ilegales. Más de dos mil mujeres pueden verse afectadas por esta medida, sin precedentes en España.

Las clínicas reclaman que cese el “acoso sistemático” contra ellas y piden que terminen las “inspecciones abusivas” a las que están siendo sometidas. Los centros privados habían solicitado hace dos semanas reunirse con las administraciones autonómicas, con el ministro de Sanidad, Bernat Soria, con el fiscal general del Estado y con el defensor del Pueblo para analizar la situación actual del sector.

“Queremos que se garantice el derecho de las mujeres al aborto y la seguridad de los profesionales que lo practican, pero no hemos tenido ningún resultado”, asegura Francisca García Gallego, vocal de Andalucía de ACAI. Si durante esta semana de paro no reciben ninguna respuesta de la Administración no descartan volver a convocar otro paro.

El cese de actividad comenzó ayer en algunas clínicas de Cataluña, donde era día laborable, y se extenderá hoy al resto de España. En esta comunidad cierran sus puertas seis clínicas –cuatro pertenecientes a ACAI y dos no asociadas– y se verán afectadas unas 250 mujeres, según los cálculos de esta asociación.

“Parar una semana no dejará a las pacientes sin la intervención, sino que se hará unos días más tarde, se retrasará. Sin embargo, las que tengan una mayor urgencia se las atenderá antes”, explica Santiago Barambio, responsable de la clínica barcelonesa Tutor Médica, una de las que ha secundado el paro y que realiza aproximadamente unas 20 interrupciones del embarazo al día.

Tutor Médica y el resto de clínicas catalanas pertenecientes a ACAI han visto cómo se incrementaba su lista de espera en las últimas semanas por el cierre de las clínicas que el cirujano de origen peruano Carlos Morín dirige en Barcelona. Morín, cuyos centros no pertenecen a esta asociación, se encuentra en prisión provisional junto a dos estrechos colaboradores, acusados de practicar abortos fuera de los supuestos previstos por la ley. La consejera de Salud de la Generalitat, Marina Geli, afirmó ayer que está “al lado” de las clínicas autorizadas para practicar abortos y recordó que su departamento ha efectuado inspecciones que no han evidenciado irregularidades.

“Esta no es una huelga para fastidiar a las mujeres sino fundamentalmente para apoyar a las clínicas de Madrid que están viviendo un acoso de las propias autoridades sanitarias. No es normal que una clínica sufra nueve inspecciones en menos de un año”, subraya Barambio. Hace un mes, la Comunidad de Madrid cerró dos clínicas por supuestas irregularidades administrativas. Los centros de esta región aseguran que, desde que saltó a la luz el caso del doctor Morín, han recibido “inspecciones abusivas”. Las clínicas madrileñas tuvieron una media de seis inspecciones en 2007 frente a las dos del año anterior. En el último mes varios trabajadores de estos centros han sido agredidos y las sedes de dos clínicas han recibido ataques de activistas antiabortistas. En esta comunidad todos los centros secundarán el paro.

Para Isabel Iserte, vicepresidenta de la Federación Estatal de Planificación Familiar, la medida es “totalmente necesaria”. “Hay que dar respuesta a las mujeres y a los profesionales que realizan abortos. Una semana puede no suponer un descalabro definitivo, pero sí lo será si no hay respuesta y el paro se hace definitivo”, explica. El año pasado 101.592 mujeres abortaron en España, 13.894, menores de 20 años.

En Andalucía, donde la sanidad pública no practica abortos sino que los tiene concertados con las clínicas privadas, se han decretado servicios mínimos. “Atenderemos a mujeres derivadas de la sanidad pública pero sólo si están al límite de las 22 semanas de gestación o si su salud física corre un gran riesgo, como un problema de hipertensión o cardíaco”, explica García Gallego, de la clínica GineGranada. En esta clínica, unas 40 mujeres se verán afectadas por la medida, según García Gallego.

En otros lugares como Cataluña o Madrid los quirófanos de las clínicas estarán completamente cerrados en los centros que secundan el paro. “No hemos dado ninguna cita en toda la semana y las que había se han anulado”, dice Luisa Torres, portavoz de la clínica Dator de Madrid. “Estas fechas son especialmente complicadas porque muchas clínicas cierran en Navidad, por eso nos podemos encontrar con muchas más pacientes cuando termine esto. También hemos tenido muchas más en los días previos”, dice Torres.

Este paro provocará que las mujeres que tengan que abortar tengan que esperar una semana. “Siete días en la vida de una mujer que ha decidido interrumpir su embarazo es mucho tiempo. Tener que retrasarlo es traumático”, dice Iserte. Por su parte, el responsable de Tutor Médica en Barcelona afirma que esperarán hasta una semana para realizar cualquier aborto.

La decisión de las clínicas privadas de paralizar su actividad sólo tiene un precedente de menor impacto: a principios de los años noventa estos centros cerraron sus puertas durante un día. Protestaban por el encausamiento de 22 mujeres y ocho médicos por practicar abortos en 1986 en una clínica de Málaga, a la que le faltaban seis días para obtener el permiso de Sanidad para ser reconocida como acreditada.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.